La administración lanzó ayer un mensaje de «tranquilidad» a la población en el ‘caso de las cárnicas’. Tanto la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, como el alcalde, Luis Salaya, hicieron declaraciones sobre la investigación que tiene en marcha la Guardia Civil en varias naves del sector cárnico de la provincia y ratificaron que «no» se trata de un problema de alerta sanitaria.
Tal y como avanzó este rotativo, se investiga un presunto delito medioambiental relacionado con la destrucción de residuos de especies cinegéticas que en ningún caso están relacionados con los productos que se destinan a consumo humano. Fue el pasado lunes cuando patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) realizaron registros en varias naves de la provincia cacereña, una de Cáceres con sede en la calle San Felipe y el polígono ganadero, en empresas en Almaraz y Miajadas y en un almacén de incineración de animales del Casar de Cáceres. En todas ellas la benemérita requisó documentación relacionada con esta actividad de gestión de este tipo de residuos.
El caso sigue bajo secreto de sumario y la benemérita ya descartó esta semana ofrecer ningún detalle sobre la intervención ni los operativos. Es el Juzgado número 3 de Cáceres el que instruye las diligencias. En cualquier caso, no se descartan nuevos registros.
