La decisión de la Junta de Extremadura de denegar el permiso de investigación minera Valdeflores tiene su lógica. No hubiese tenido sentido autorizar la realización de sondeos donde no se puede excavar una mina. La concesión del permiso hubiese prolongado un expediente que no habría llegado a nada porque mientras que no haya una modificación del Plan General Municipal (PGM) no se puede abrir una mina a cielo abierto. Y ni el ayuntamiento ni la Junta están por la labor de hacer cambios en la norma urbanística.

Esta decisión es la más importante que adopta la Junta de Extremadura con un pronunciamiento contrario al proyecto en los seis años de recorrido de esta iniciativa. Deja el proyecto en vía muerta y abocado al destino que se preveía desde el principio: si la empresa quiere seguir adelante tendrá que pleitear en los tribunales.  

Los informes del ayuntamiento en sus alegaciones al permiso de investigación Valdeflores eran rotundos. Se insistía en que no es viable urbanísticamente y que la actuación contemplada «no puede considerarse como simple realización de sondeos de investigación, sino que se trata de una actividad extractiva» no autorizada por el Plan General Municipal de urbanismo en los suelos donde se pretende desarrollar. La Junta ha seguido las consideraciones del ayuntamiento y no se autoriza el permiso de investigación. El camino que había cogido Tecnología Extremeña del Litio, la empresa que promueve el proyecto de la mina, era obtener el permiso de investigación y con los resultados del mismo solicitar la concesión de explotación del yacimiento, que fue lo que ya hizo entre los años 2016 y 2017. La empresa se encuentra ahora con un permiso de investigación autorizado, aunque con limitaciones, que es el que afecta a los terrenos colindantes al sitio donde se planifica la mina, y con otro denegado, que coincide con el espacio de la mina.

Pero aún quedan dos asuntos abiertos, que ni la Junta ni la empresa han explicado. El primero es una cuestión a la que se refirió Tecnología Extremeña del Litio el pasado viernes y que podría formar parte del recurso de alzada que presentará contra la denegación de la autorización.

El permiso de investigación que pedía la empresa es el mismo que solicitó en 2016, entonces solo estaba Sacyr en el proyecto, y que la Junta autorizó. Tres años después se anuló, pero porque no se habían cumplido todos los requisitos de publicidad exigidos para el plan de restauración. O entonces el ayuntamiento no planteó objeciones a la iniciativa o si las puso no fueron tomadas en consideración por la Junta hasta el punto de denegar el permiso. En 2016 el plan general de urbanismo era el mismo para la zona de Valdeflores que en 2021.

Y el segundo asunto es por qué la empresa no pide a la Junta de Extremadura que se tramite una concesión directa de la explotación. Una vez denegado el permiso de investigación, tiene ese camino abierto si está segura del potencial del yacimiento, es una posibilidad que da la Ley de Minas, que permite que se vaya a una concesión directa cuando quede de manifiesto que hay recursos y se estime posible su aprovechamiento con un estudio de viabilidad. La empresa ya hizo sondeos en la zona en el año 2017 y en las primeras semanas de 2018.