Las dos menores del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres se niegan a que lleven mascarilla no acudieron a clase este jueves. Tras la polémica que se ha producido en los últimos días en el centro debido a que la familia de las dos alumnas manifestó su rechazo a que ambas llevaran la protección en el interior de las instalaciones, finalmente esta mañana ni las hermanas ni sus progenitores han acudido al colegio a la hora de entrada.
La familia ha tomado la decisión después de que la Junta de Extremadura anunciara este miércoles, en una comparecencia del secretario general de la Consejería de Educación, Francisco Javier Amaya, que "ningún alumno que deba llevar mascarilla podrá entrar en un centro educativo sostenido con fondos públicos sin esta protección, salvo excepciones contempladas como es el caso de una patología". Amaya avanzó también que en el caso de que los progenitores ratificaran su decisión de que no acudir con la protección obligatoria, las menores recibirían un seguimiento educativo en casa aunque no precisó en qué términos.
Esa primera comparecencia de Amaya ante los medios se produjo horas después de que los docentes del centro realizaran una protesta en las puertas del colegio como reacción a la primera respuesta de la Junta ante este conflicto, que un día antes había asegurado que las menores recibirían clase sin mascarilla separadas del resto y con otro docente asignado para ello.
Este jueves, de nuevo, el secretario de Educación ha comparecido a petición de los medios en Cáceres, y ha detallado el proceso que ahora se abre. “Al no acudir las niñas al centro, se activa desde hoy es el plan de seguimiento educativo que se vertebra en dos actuaciones muy concretas. En primer lugar, hacer constar todas las faltas que se produzcan, y si existe una reiteración se aplicará el protocolo de absentismo”, detalla. Este trámite se activa cuando se producen faltas sin justificar por las familias, de manera continua, aproximadamente durante dos semanas.
En esos momentos el Servicio de Inspección inicia el proceso para tomar las medidas oportunas. Primero se conecta con la familia, y si no colabora, se adoptan otras acciones a través de los Servicios Sociales. En último termino el tema se pone en conocimiento de la Fiscalía, “y así hasta terminar con el expediente para que se vuelva garantizar el derecho a la educación de los alumnos”, detalla el secretario general.
El segundo eje del plan de seguimiento, además de comenzar a registrar las faltas, consiste en “intentar que las niñas no se descuelguen totalmente del sistema educativo”. Para ello recibirán una atención puntual de sus tutores, que les comunicarán cuáles son los contenidos que se están explicando en clase y llevarán un control para ver cómo están evolucionando las dos escolares, “en la medida en que las familias colaboren”. La comunicación será por las dos vías establecidas, la plataforma Rayuela y el contacto telefónico, de modo que una o dos veces por semana los tutores de clase llamarán a la familia para asegurarse de que las niñas están trabajando y comunicarles la evolución de las materias.
Puesto que la ausencia se produce por una opción de la familia, “en ningún caso vamos a sustituir la enseñanza de estas alumnas por el sistema telemático”. “No se trata de explicar contenidos, ni adelantar material, ni de dar clases por videoconferencia”, aclara Francisco Javier Amaya. La intención es “asegurarnos que no se produce una desconexión, porque no podemos perder la pista de las alumnas", subraya.
La aplicación de la educación telemática se produce, según el secretario, solo cuando existen causas justificadas (por ejemplo un escolar enfermo). “El único modelo de enseñanza en nuestro país, y por supuesto en Extremadura, desde el curso pasado es la presencialidad”. Francisco Javier Amaya insiste en que “la Educación Primaria es obligatoria en nuestro país. Las familias tienen derecho a garantizarla a sus niños, y nosotros el deber de que se desarrolle con normalidad".
Además, dada la vulneración de los derechos a la salud pública y a la educación de ambas niñas que la Junta considera que se puede estar dando, y una vez consultados sus servicios jurídicos, se ha dado parte de la situación a la Abogacía del Estado. “Es ésta la que elevará el caso a la Fiscalía si así lo considera oportuno, y parece que así será por la situación de privación de los derechos fundamentales de las niñas”, ha matizado el secretario general de Educación.
Finalmente, ha aclarado que el colegio Alba Plata no dispone de internet por una cuestión puntual. El centro se ha sometido durante 18 meses a una reforma integral, y durante ese tiempo, hasta junio, ha contado con wi-fi provisional. En estos momentos la compañía telefónica ya instala la nueva red fija.
