Llega un invierno duro: el 90% de los bloques de Cáceres requiere mejoras energéticas

Bien sea por cuidar el medioambiente, bien sea por cuidar el propio bolsillo, está claro que las viviendas cacereñas deben reducir ese gasto, y sobre todo la dependencia de combustibles fósiles, los más contaminantes. De hecho, se avecina un invierno negro en cuanto al consumo energético, con precios por las nubes. Y los hogares de Cáceres no están precisamente preparados para ahorrar. Estimaciones de administradores de fincas y profesionales inmobiliarios sitúan entre un 80% y un 90% el porcentaje de los edificios que necesitan reformas de eficiencia energética en esta ciudad, lo que les permitiría reducir la factura unos 1.500 euros al año.

Es cierto que el último análisis disponible arroja una reducción de hasta el 9% en el consumo energético de los hogares cacereños (entre 2013 y 2017), sobre todo por la eficiencia de los nuevos electrodomésticos e iluminación (leed, sensores de presencia...), la instalación de calderas de calefacción más eficientes, y en general la actitud más ahorrativa de los cacereños. Pero las reformas que tienen mayor efectividad, por ejemplo las que facilitan un buen aislamiento (fachadas ventiladas, tejados, ventanas con rotura de puente térmico...) y las que rebajan el gasto energético (calorímetros, placas fotovoltaicas...) son realmente costosas. De ahí que las viviendas cacereñas estén aún a distancia de la media europea en sostenibilidad.

Y ahora... el invierno con las peores previsiones que se recuerdan en décadas. No hace falta esperar al frío, porque los precios están disparados. Así lo explica José Luis Guisado Moreno, administrador de fincas de la firma Manuel Martín. «El coste general de mantener un bloque ha subido considerablemente, ya se empieza a intuir lo que nos viene en los próximos meses. Por ejemplo, un edificio de la zona del Perú pagó en enero 13.000 euros por llenar su depósito de gasoil para calefacción, y ahora acaba de abonar 25.000 por la misma operación ya de cara al invierno. Casi el doble», explica.

Además, en Cáceres una mayoría de viviendas tiene el Certificado de Eficiencia Energética (una etiqueta que clasifica los inmuebles de la A a la G, necesaria cuando se venden o se alquilan) con la catalogación más baja, F o G. Lo deseable sería como mínimo D o E. La principal razón es la antigüedad del parque inmobiliario. «A excepción de las últimas urbanizaciones de la zona de Mejostilla, Cáceres el Viejo o Montesol, y pocos edificios más, la mayor parte de los inmuebles de la ciudad se construyeron antes de 2007, es decir, antes de que entrara en vigor el nuevo Código Técnico de la Edificación, cuando ya se habían construido la mayoría de las viviendas del boom inmobiliario», indica Luis Guisado Moreno. Por tanto no se hicieron con arreglo a las actuales exigencias, que contemplan cierto grado de aislamiento, automatización en la iluminación de espacios comunes, placas solares para el agua caliente sanitaria... Luego vino la crisis, la pandemia, la guerra, la inflación, la subida de las hipotecas... «En definitiva, muchos edificios apenas han podido hacer reformas en los últimos años», destaca el administrador.

«Un alto porcentaje de las viviendas de Cáceres son anteriores al año 2007, incluso anteriores al año 2000», detalla Francisco Marroquín, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Cáceres y profundo conocedor del parque inmobiliario provincial. «Estamos hablando ya de una antigüedad de 22 años. Los hogares del Cáceres más moderno tienen una media de entre 25 y 30 años. Si nos vamos a los barrios tradicionales subimos a una media de 40 años. Si nos centramos en el entorno de la plaza Mayor, bastante más», detalla.

Todo ello da idea de la eficiencia energética de los inmuebles. Es cierto, afirman tanto José Luis Guisado como Francisco Marroquín, que de un tiempo a esta parte las comunidades han llevado a cabo rehabilitaciones de adaptación energética, «pero generalmente no en profundidad».

Así, se han automatizado las luces comunes, se han cambiado las luminarias a LED a medida que iban fallando las tradicionales, se han segmentarizado las luces por plantas… Pero las grandes reformas siguen pendientes en buena parte de los edificios. «Aunque la situación económica de las comunidades cacereñas es por lo general sana, e incluso con buenos remanentes para cubrir imprevistos, no dan para acometer obras de eficiencia energética de este calibre. Hay que recurrir a subvenciones, a préstamos, y en los últimos años no se ha visto oportuno pese a que los administradores venimos insistiendo en la necesidad», señala José Luis Guisado.

Las comunidades despiertan

Ahora bien. La subida de los combustibles, y la explosión de los precios en los últimos meses, han cambiado la percepción. «Ahora, casi todas las comunidades nos están solicitando información a los administradores de fincas para empezar a calcular esas reformas. No es el mejor momento por el encarecimiento de todo, pero precisamente por eso han comenzado a plantearse seriamente las adaptaciones energéticas: instalación de placas solares, revestimiento de las fachadas, cambios de calderas, aerotermia...», señala Guisado. Son desembolsos importantes, pero suponen también un ahorro tan amplio en las facturas de electricidad y gas que acaban amortizándose.

Los propietarios han estado más diligentes en sus propias casas que en las comunidades. «En Cáceres se ha hecho bastante obra de rehabilitación dentro de las viviendas durante los últimos años y esto puede salvar la situación del invierno a más de una familia», puntualiza Francisco Marroquín. De hecho, los agentes de la propiedad inmobiliaria vienen destacando las mejores condiciones de los pisos de alquiler de un tiempo a este parte. «Hoy quien busca una vivienda exige además ciertas comodidades», apunta. Pero en nueve de cada diez edificios sigue pendiente la adaptación general del bloque para ser más eficiente. «Son actuaciones que, si se hacen en condiciones, vienen a costar de 270 a 300 euros el metros cuadrado útil», detalla Marroquín.

Buen clima, mal panorama

«Afortunadamente, el clima de Cáceres es más benigno que el de provincias limítrofes como Salamanca o Ávila, y ello sin duda ayudará este invierno. Pero hay de momento pocas razones para el optimismo: las previsiones son malas, sobre todo a partir del primer trimestre de 2023, cuando acabarán varias subvenciones, los topes al alquiler o el tope al gas si no hay cambios», reflexiona el presidente del COAPI.

Además, la mayoría de las comunidades de vecinos con calefacción tienen hoy calderas de gasoil. En la zona centro de Cáceres muchas son centralizadas. Si además se alimentan de gas (ha elevado cinco veces su coste), se enfrentan a un problema mayor, ya que estos sistemas colectivos no pueden adaptarse a la tarifa regulada. Una situación que afecta a unos 12 millones de inquilinos en el país, quienes llegarán a multiplicar este invierno el precio de dicho suministro si alguna instancia no lo remedia. Al menos se les ha incluido en la reducción del IVA del 21% al 5% hasta el 31 de diciembre.

Calefacción central: ultimatum

En cualquier caso, la calefacción central, sea del combustible que sea, tiene sus días contados: solo le quedan ocho meses de vida, hasta mayo de 2023. Las comunidades (la OCU recuerda que hay 1,7 millones de hogares en esta situación) deberán invertir en los cambios necesarios, sobre todo en la instalación de contadores individuales o en su defecto repartidores de costes de calefacción, para acabar con el fuerte consumo de los sistemas centralizados. Estarán obligados todos los bloques salvo los que demuestren que esa reforma no será suficientemente rentable. Por lo general, lo será, y además supondrá un importante ahorro a cada casa: la obra podría situarse entre 700 y 1.100 € por vivienda, pero sería recuperable en menos de 4 años, según la OCU.

¿Y afectará esta subida de costes a los alquileres de la capital cacereña al menos en el próximo trimestre? Sí y no. Sí para los inquilinos que deben pagar sus propias facturas de electricidad y calefacción. No en cuanto a las obras de adaptación que se hayan hecho o se hagan estos meses en los bloques, «porque el 80% de los contratos ya están firmados (estudiantes, profesores, personal sanitario, funcionarios en comisión de servicio…), y además la subida de los alquileres está topada a un 2% máximo por el Gobierno hasta fin de año». Ahora bien, «en el sector inmobiliario no podemos mirar más allá de un trimestre. Por tanto, en enero podremos valorar de nuevo las circunstancias», emplaza el presidente del COAPI.