El alcalde de Villanueva de la Sierra, Felipe Jesús Saúl Calvo, se sentará en el banquillo de los acusados la próxima semana en la Audiencia Provincial, donde será juzgado por un presunto delito de coacciones. También lo hará en calidad de acusado por el mismo delito el concejal de su corporación Juan Bautista Fernández Galán.
La fiscalía provincial pide para ellos seis meses de prisión por un delito previsto y penado en el artículo 172.1 del Código Penal. En su escrito de calificación, el ministerio público procede a acordar el sobreseimiento de la causa respecto de los hechos relativos a la presunta infracción urbanística, ya que no constituyen delito de prevaricación urbanística.
Según recoge el escrito, fiscalía sostiene que «el18 de junio de 2020 ambos acusados con infracción de las normas de la normativa urbanística ordenaron a los operarios del ayuntamiento la realización de la construcción de un muro a petición de una vecina, que solicitaba una solución para los destrozos que el agua pluvial causaba en su finca. Este muro se realizó sin autorización o concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Allí se personó un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Tajo y se requirió para que retiraran la obra. Tiempo más tarde, siguió igual.
