Cuando varios policías nacionales irrumpieron el pasado jueves en el interior de la Asociación Municipal de Pensionistas La Bondad, de Cáceres, y pidieron el carnet de identidad a todos los que estaban jugando al bingo en ese momento, los mayores se llevaron un buen susto que luego derivó en malestar y finalmente en disgusto. Les pidieron identificarse antes de marcharse y el juego quedó clausurado. El próximo lunes, la directiva tendrá que comparecer en la Comisaría de Cáceres. Lo mismo ocurrió hace unos tres meses en la Asociación de la Tercera Edad de Aldea Moret, que después de aquello asegura que no recibió ninguna orden específica, pero que ayer también decidió paralizar su bingo visto lo visto en La Bondad. Estos juegos ya cesaron hace tiempo en los hogares de la Junta (Cervantes, plaza Mayor...), de modo que ahora mismo no se celebra ninguno en la ciudad.
«Nos dijeron que venían por una denuncia que había recibido Hacienda, pero no sabemos de quién. Cerraron el bingo, nos pidieron algunos documentos y nos entregaron el acta. Los policías se portaron muy bien con nosotros pero fue una situación desagradable, tomaron nombre y DNI a todo el mundo», explica Antonio Calvo, presidente de La Bondad, quien se muestra «sorprendido» porque no ha tenido «aviso de nada».
La razón hay que buscarla en el Decreto 165/2014, de 29 de julio, que regula las apuestas y modifica el reglamento del bingo en la región. La Asociación de Empresarios de Bingos de Extremadura había demandado su regulación por parte de la Junta al entender que proliferaban las prácticas irregulares. Solicitaba que, aunque estos juegos los organicen asociaciones sin ánimo de lucro, cumplan la normativa si hay apuestas de dinero de por medio, para no incurrir en competencia desleal. Así, el decreto fue pactado en la comisión regional del juego y recoge que ningún local sin autorización o inscripción en el registro regional podrá acoger un bingo.
No obstante, se hizo una excepción con los centros de mayores para que tengan la opción de celebrarlo siempre que sea de forma lúdica (toda la recaudación se reparte en premios, sin lucro), o siempre que no se supere la apuesta máxima de 10 céntimos por cartón y el importe total jugado en cada sesión tenga un valor inferior al doble del salario mínimo interprofesional diario. Y ello porque el decreto considera este juego entre mayores como tradicional, amistoso, un pasatiempo, cuando se practica en hogares y residencias.
Sin embargo, la policía irrumpió el jueves en la Asociación de Pensionistas La Bondad enviada por la Consejería de Hacienda. Desde este organismo comunicaron ayer a preguntas de El PERIÓDICO que « la Junta de Extremadura ha recibido dos denuncias por la realización de actividades de juego no permitidas en la normativa regional en ambos casos (La Bondad y Aldea Moret)». Añade que actualmente «se encuentran en estudio y, si procede, se abrirán los procedimientos sancionadores correspondientes, recogidos en la legislación extremeña sobre juego».
"Vienen a pasar la tarde"
Se complican por tanto estos bingos que tanto gustan a los mayores. El jueves, cuando llegaron los agentes, ya habían pasado por el centro 73 personas. Ambos colectivos, La Bondad y Aldea Moret, ocupan locales municipales que ofrecen diversos servicios de ocio y bienestar. «Aquí viene la gente mayor a tomar café y a pasar la tarde. Hay bingo los martes y jueves y nos sirve de entretenimiento. Ganan unos 10 € por línea y unos 20 al bingo», detalla Antonio Calvo. «Nosotros últimamente hacemos tres semanales porque Cervantes cerró y la gente echa el rato», dice Lorenzo Salor, presidente de la Asociación de la Tercera Edad de Aldea Moret.
En ambos centros reconocen que cada cartón cuesta 0,20 céntimos porque comprarlos requiere unos 800 € al trimestre y porque el bingo supone una ayuda para el resto de gastos y servicios. De hecho, si no se sigue celebrando, tanto La Bondad como Aldea Moret temen que deberán cerrar sus actividades «y lamentablemente entregar las llaves al ayuntamiento», porque con la subvención municipal de 2.400 €/año «no podemos afrontar los gastos».
Por ejemplo, «nosotros tenemos que pagar la luz (el mes pasado 760 € y este 500 €), el agua y el teléfono. Los dos bailes al mes suponen 150 € cada uno y financiamos con 3 € cada sesión en el podólogo. A cambio solo ingresamos la subvención municipal, más 200 € que nos paga el bar por luz y otros 50 € la peluquería, y 1 € al mes de las personas que vienen al baile», precisa Lorenzo Salor desde Aldea Moret. Además, en la comida de Navidad se financian 10 € a cada asistente para que puedan pagar un menú al que muchos no llegan. «Somos gente humilde». Tras 17 años al frente del colectivo, Lorenzo asegura que sin el «bingo social» estas actividades «se acaban».
En La Bondad pasa algo parecido. «Debemos pagar la luz, el agua y mantener el local (la limpieza supone 400 € al mes). Los bailes cuestan 200 € cada dos fines de semana. Tenemos la peluquería asegurada y ahora en diciembre nos gusta hacer un par de convivencias por Navidad», precisa Antonio Calvo.
«Hay límites»
Por su parte, la edil de Asuntos Sociales, María José Pulido, no eludió ayer el tema: «Lo que ha ocurrido se deriva del Decreto de 2014, que pone fin a la situación ilegal de algunos bingos». La edil reconoce que este juego supone un recurso para el entretenimiento y la convivencia entre mayores, «incluso se usa para entrenar la atención y la memoria». De hecho, al principio se iba a prohibir en centros y residencias, «pero finalmente se reglamentó y se dio a los bingos de la tercer edad la consideración de juego tradicional». Ya no tienen ese carácter de ilegalidad pero tampoco debe haber ánimo de lucro para no crear competencia desleal. «Por eso se pusieron límites que han de respetarse».
Pulido recuerda que los cierres y clausuras se están sucediendo por todo el país, ya que los decretos son prácticamente similares. «Las normas no se pueden saltar, hay que comprender que es un dinero que no está regulado». Menos aún deben practicarse «en un recinto municipal», afirma. Y hay otra razón de peso: el tema de la ludopatía. «La normativa obliga a proteger a los colectivos vulnerables y aunque los mayores juegan por ocio, sabemos que se ha producido algún conflicto».
Por tanto, «si solo se pueden organizar bingos lúdicos o solidarios, así debe ser», prosigue Pulido. Otro asunto es que las asociaciones afirmen que no pueden mantenerse. «El ayuntamiento tiene recursos para ofrecer servicios en esos locales, y podemos revisar las subvenciones, que por cierto no lo han pedido nunca», dice la concejala, quien también recuerda la necesidad de cuidar los gastos en los tiempos actuales.
«Al final todo esto me apura porque genera bastante desconcierto entre las personas mayores, que lo han pasado muy mal en la pandemia, pero nadie podemos estar por encima de la ley», concluye la edil.
