Orden de busca y captura para una cuidadora por estafar a un hombre de 77 años en Cáceres

La Audiencia Provincial ha decretado una orden de búsqueda y captura contra una mujer acusada de estafar en Cáceres al hombre de 77 años al que atendía, ya que llegó a, presuntamente, transferirse hasta 30.000 euros de la cuenta bancaria de la víctima, a la que tenía acceso y que necesitaba cuidados tras haber sufrido un ictus.

A Colombia

El juicio se celebraba este jueves pero la acusada no se personó en los juzgados de Cáceres. Se sabe que viajó a su país natal, Colombia, el pasado mes de enero por lo que el tribunal ha emitido una orden de busca y captura. Y se enfrenta a penas de entre 3 y 6 años por supuestos delitos de estafa. La acusada tenía autorización de residencia hasta el pasado 5 de mayo.

Los hechos se remontan al año pasado, 2022, cuando la acusada llevaba varios meses atendiendo a la víctima, cuyas facultades físicas se encontraban muy limitadas tras haber sufrido un ictus.

Según el escrito de la acusación, la víctima tenía plena confianza en la cuidadora. Tan es así, que la acusada disponía de las claves bancarias del hombre, para realizar las operaciones necesarias. De esta forma, el 2 de julio de 2022 accedió a su cuenta bancaria a través de la aplicación móvil y ordenó dos transferencias por valor de 15.000 euros cada una que destinó a su propia cuenta bancaria. Es decir se hizo pasar por la víctima para realizar las operaciones bancarias que estimó oportunas.

10 días después

Pasaron 10 días hasta que la procesada se personó en la sucursal bancaria en la que tenía su cuenta corriente y sacó hasta 25.000 euros en metálico. 

La petición de la Fiscalía Provincial, antes de que se diese la situación de estar en busca y captura, se elevaba a 3 años y 6 meses de prisión y a pagar una multa, además de resarcir a la víctima con la devolución íntegra de los 30.000 euros transferidos. Aunque la acusación particular eleva esa pena a los 6 años de prisión. 

Igualmente, la Fiscalía había solicitado la expulsión del país de la acusada, en sustitución de la pena privativa de libertad, así como la prohibición de no poder entrar en España por 9 años. No obstante, su residencia caducó en mayo y la acusada habría regresado a su país natal, Colombia, desde principios de año. 

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