En una reforma de la Ley de Hidrocarburos en 1998 se incorporó una disposición adicional que imponía a las cooperativas la constitución de una empresa mercantil para distribuir cualquier tipo de carburante a los no socios.
Tras las movilizaciones del sector y con motivo de una importante subida del precio de los combustibles, en el 2000 se publicó un real decreto que facultó de nuevo a las cooperativas para vender gasóleo B o agrícola a terceros no socios sin tener que hacerlo a través de una sociedad mercantil.
La Comisión Europea anula ahora el real decreto del 2000, de modo que deroga la facultad de servir gasóleo B a no socios directamente.
