La reforma energética, que actualmente se está tramitando en el Parlamento y que está previsto que entre en vigor a inicios del próximo año, introducirá un nuevo marco retributivo para las plantas fotovoltaicas que acabará con el sistema de primas que estaba vigente hasta ahora. Desde el sector se avisa de que esta puede ser la puntilla definitiva para estas instalaciones tras los sucesivos recortes que han venido sufriendo en los últimos años y que han incluido una disminución de las horas con derecho a prima o la obligación de pagar un impuesto del 7% por la producción de energía. "La previsión es que la mayoría de plantas acabe entrando en concurso de acreedores", asegura José Donoso, director general de la patronal Unef. Extremadura es, con 540 megavatios (mw), la tercera comunidad autónoma con más potencia fotovoltaica instalada de España. De ellos, 221 mw están situados en la provincia de Cáceres y 329 en la de Badajoz. "En Extremadura hay 300 millones de euros invertidos en fotovoltaica", resalta Donoso, que incide en que al aplicarse de forma retroactiva esta normativa se volverá a vulnerar el principio de seguridad jurídica.

Desde Unef se estima que en España hay alrededor de 50.000 personas que han invertido en esta energía. Muchas de ellas pequeñas cantidades, "desde 3.000 o 4.000 euros". "Hay casos dramáticos, gente que ha puesto aquí sus ahorros después de estar trabajando décadas en Suiza o como garantía para pagar los estudios a los hijos", cuenta Donoso, para quien "esto es como las preferentes, pero la diferencia es que quienes han engañado aquí no son bancos, es el Estado".

A su juicio, lo que desde el Ministerio de Industria y Energía se ha denominado como "rentabilidad razonable" --la cantidad que se podrá recibir y que variará en función de cada planta-- llevará a la ruina a buena parte del sector. "Se va a pasar de una rentabilidad media del 6% y un pay-back de 14 años a una situación en la que no van a poder hacer frente al servicio de deuda", critica. Esto, añade, reducirá a dos las alternativas entre las que los afectados van a poder elegir: perder las garantías personales --viviendas y otros bienes-- que hay detrás de los créditos bancarios o "pasarse 20 o 25 años trabajando para el banco".

El Pleno del Congreso rechazó el pasado jueves, con los votos del PP, las siete enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley del Sector Eléctrico presentadas por los grupos, críticos con lo que consideran el "ataque" a las renovables y al autoconsumo que conlleva esta normativa, así como con la falta de diálogo del Gobierno.