Aunque, al igual que las políticas, las consecuencias económicas de una eventual independencia de Cataluña son más que difíciles de prever, lo que parece fuera de cualquier duda es que, al menos a corto plazo, los efectos resultarían perniciosos para todos. En el caso catalán, posiblemente tendrían tintes catastróficos, pero también resultarían a buen seguro adversos en el resto de España. Al fin y al cabo, esta comunidad supone una quinta parte del PIB español, una cuarta parte de las exportaciones y una porción más que significativa de los ingresos impositivos del Estado. Es, además, una de las cuatro únicas autonomías que contribuyen de forma positiva a la solidaridad entre territorios.
Pero, de forma directa, ¿qué supondría económicamente para Extremadura una hipotética desconexión catalana? Si nos ceñimos únicamente a los intercambios comerciales, el impacto directo sería bastante limitado en la región, incluso aunque conllevase la imposición de aranceles u otro tipo de medidas restrictivas a los intercambios. Según un reciente informe elaborado por el Proyecto C-intereg —impulsado por el Centro de Predicción Económica (Ceprede)—, la relación comercial entre ambas regiones no llega a los doscientos millones de euros por año.
En el 2014, Extremadura importó de Cataluña bienes por un valor de 69 millones de euros y exportó a esta comunidad por importe de 122 —si bien las estadísticas dejan fuera el capítulo de producción y distribución de electricidad, con un considerable peso en la región—, lo que supone un saldo positivo extremeño de 52 millones de euros.
Los pronósticos de Ceprede para el presente ejercicio se mueven en unos números algo superiores y un saldo comercial neutro, con 140 millones de euros tanto de importaciones como de exportaciones. Tanto en unas como en otras Extremadura es la comunidad española que ocupa el último lugar por volumen de intercambios con Cataluña. La región exporta más a otras cinco regiones (Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) y el tráfico con destino a Cataluña apenas si supone un 4,2% de todo lo que comercia con otras autonomías (en promedio entre 1995 y 2013). También es mas intensa la actividad exportadora extremeña a destinos extranjeros como Portugal, Alemania y Francia.
Muy diferente es la situación si donde se pone el foco es en el ámbito de la financiación autonómica. Cataluña es una comunidad más rica que la media de las autonomías que pertenecen al régimen común, lo que implica que, si quedara fuera de España, habría una menor transferencia de riqueza hacia las regiones que son más pobres, como es el caso de la extremeña. De acuerdo a las últimas balanzas fiscales que ha hecho públicas el Ministerio de Hacienda, las del 2014, Cataluña es una de las únicas cuatro comunidades autónomas con una aportación positiva a la solidaridad regional. Con 9.892 millones de euros, es la segunda con un mayor saldo negativo, por detrás de Madrid, de donde salen más del doble (19.205 millones) y superando a Baleares (1.516 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (1.735 millones). Por contra, Extremadura recibe 2.827 millones más de los que aporta. Se trata del saldo positivo per cápita más elevado entre todas las comunidades autónomas (solo el de Ceuta y Melilla es superior), con 2.578 euros por persona. En términos de PIB, también constituye la ratio más elevada, ya que el saldo fiscal favorable que viene a parar a la región supone casi un 20% de esta variable.
PACTO FISCAL / Por otro lado, se ha hablado de la posibilidad de un pacto fiscal con Cataluña que equipare a esta comunidad con las dos del régimen foral, Navarra y País Vasco, territorios con potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario y que únicamente pagan un cupo por las competencias no transferidas. A pesar de tener una renta per cápita muy superior a la media, tanto Navarra como País Vasco aparecen en las balanzas fiscales con un saldo positivo de 3.387 millones y 115 millones de euros, respectivamente.
Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha cifrado en unos 13.000 millones el coste que tendría la equiparación fiscal de catalanes a vascos y navarros, lo que supondría alrededor de un 10% de recorte en los recursos recibidos por las demás comunidades. Es decir, tendrían menos dinero para sanidad, educación o infraestructuras.
