Extremadura registró 52 certificaciones de ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre del año, 13 de ellas sobre viviendas.
De estas últimas, 12 pertenecían a personas físicas y 1 a jurídicas y, según su estado, todas eran usadas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además de estos inmuebles, 15 fincas rústicas se vieron afectadas también por un proceso de embargo y, entre las urbanas, además de 13 viviendas, figuraban 6 solares y 18 de otra naturaleza.
En España, en este periodo se produjeron 5.534 inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad, un 47,6% menos que el trimestre anterior y un 66,8% menos que en el mismo trimestre de 2019.
Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que registraron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron la Comunidad Valenciana (1.339), Cataluña (957) y Murcia (888), en tanto que Navarra (15), País Vasco (26) y Extremadura (52) registraron el menor número.
En el caso de viviendas, la Comunidad Valenciana (816), Cataluña (496) y Andalucía (466) presentaron el mayor número de ejecuciones, y las cifras más bajas se dieron en Navarra y Extremadura, ambas con 13 operaciones, y La Rioja,con 15.
No obstante, según ha constado el INE, en el segundo trimestre del año no se produjeron ejecuciones hipotecarias, o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, en viviendas habituales, debido a las provisiones del estado alarma.
