La bonificación de las donaciones tendrá un impacto de dos millones de euros

Se contempla una compensación del 99% en las donaciones de hasta 300.000 euros entre padres, hijos y cónyuges con un impacto, «adoptando un criterio de prudencia», de dos millones de euros.

Extremadura ya aplica bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones, entre las que destaca la del 99% en herencias de padres a hijos. Sin embargo, el gobierno socialista suprimió en 2016 las bonificaciones que introdujo el PP en el Impuesto de Donaciones para evitar que los bienes se legasen en vida y pagar menos que en una herencia.

A cambio se incluyeron algunos incentivos fiscales, pero actualmente Extremadura es, junto a Castilla y León, la región con los tipos de gravamen más altos. En el 2015, la recaudación en términos de derechos reconocidos por el Impuesto de Donaciones rondó los 4,8 millones de euros, cifra que se desplomó a la mitad ya en el 2017, con 2,2 millones, frontera en torno a la cual ha seguido moviéndose desde entonces. 

La recuperación de las bonificaciones para 2022 fue el principal anuncio fiscal que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hizo en el debate sobre el estado de la región de este año, celebrado en mayo. Según dijo, la decisión se toma tras varias reuniones con los representantes de la empresa familiar extremeña, uno de los colectivos que más solicitaban pagar menos por las transmisiones inter vivos, entre las que destacan las donaciones de las propias empresas. 

Así, se ha considerado necesario unificar los beneficios aplicables a cónyuges, padres e hijos, estableciendo un único porcentaje de bonificación condicionado solo y exclusivamente a la cuantía de la donación, que será del 99% en las transferencias de hasta 300.000 euros. Sin embargo, seguirá sin haber bonificaciones entre no familiares o entre familiares de menor rango como hermanos, primos o tíos y sobrinos. 

La bonificación será del 50% hasta los 600.000 euros y en el caso de personas con discapacidad se incrementará en 150.000 euros. Por encima de esas cuantías no existirá reducción.

La bonificación se aplicará una vez calculada la cuota del impuesto y después de haber aplicado las reducciones estatales y autonómicas actualmente vigentes, «lo que permitirá un mayor control que, de esta forma, evitará posibles actuaciones fraudulentas», se recoge en la propia ley.

La Consejería de Hacienda confirma que el impacto de esta nueva medida, que cifra en dos millones, se ha recogido en los presupuestos de 2022. Pero aún así, se estima que la recaudación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones aumente un 22%: de los 25,6 millones de euros de 2021 se pasará a 31,3 en el próximo año.

Otros tributos que también cambian

Además de la bonificación del Impuesto de Donaciones, Extremadura aplicará en 2022 modificaciones en otras cuatro figuras tributarias como consecuencia de la tramitación de dos nuevas leyes: la de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa y para la prestación útil de los servicios públicos en un contexto de crisis sanitaria, y la ley de reto demográfico. 

La primera incluye la bonificación del Impuesto de Donaciones y la adaptación del Impuesto Especial sobre Medios de Transporte al nuevo sistema de medición de gases contaminantes. El tipo impositivo se reducirá entre 1,25 y 0,45 para los vehículos con menos emisiones y se mantendrá para los más contaminantes, con impacto estimado de 700.000 euros.

En esta ley se incluye también una rebaja del tipo de gravamen del bingo electrónico, que pasa del 25% al 20%. El impacto de la medida se moverá entre los 267.500 y los 339.380 euros, en función de la evolución de la pandemia. La decisión se toma tras constatar que Extremadura era una de las autonomías con el gravamen más alto (la segunda, por detrás de Cataluña y Galicia que están en un 30%) y porque es el tipo de establecimiento de juego más afectado por la reducción de aforos y por el perfil de cliente que suele practicar el esta modalidad presencial en los diferentes locales de Extremadura. En 2020 se recaudaron 4,8 millones de euros, frente a los 8,7 de 2019. 

Por su parte, la ley de reto demográfico, que ya está en tramitación en la Asamblea, establece una deducción del 10% en la cuota autonómica del IRPF por la compra de vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes, una medida similar a la antigua deducción estatal que fue suprimida en 2013. 

Para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se propone un tipo reducido del 4% del valor del inmueble, hasta un máximo de 180.000 euros. También se aplicará ese 4% para adquisiciones destinadas a continuar con una empresa. Y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, también se gravará al 0,5%, frente al 1,5% general.