El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este martes la licitación del nuevo servicio de transporte sanitario terrestre en la región por 47,4 millones anuales (con un lote de 26,5 millones anuales en la provincia de Badajoz y otro de 20,9 para la provincia de Cáceres).
El contrato será de un año de duración con opción a prórroga durante cuatro más, y con esta licitación la Junta pretende garantizar la calidad del servicio público, que por la tipología de Extremadura «es clave para garantizar la igualdad de oportunidades entre los extremeños», explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González.
De este modo, la licitación, una vez aprobada en Consejo de Gobierno, saldrá «ya», y está previsto que se adjudique al nuevo concesionario «si todo fuera bien, si no hubiera recursos» en un mes y medio o dos meses, de tal forma que el nuevo servicio podría prestarse en septiembre.
Además, cuando se produzca la adjudicación, el actual contrato de emergencia en vigor, y cuya finalización se contempla en enero de 2023, se extinguiría, tal y como se contempla en una cláusula del servicio de emergencia que se presta en la actualidad.
Actualizaciones
Así, el nuevo servicio incluirá la prestación del transporte sanitario urgente y no urgente de pacientes a los que el SES tiene el deber legal y convencional de prestar asistencia y con vehículos especialmente acondicionados para ello, según explicó González.
Esta licitación supone nueve millones de euros más sobre la aprobada hace unos meses, e incluye además una serie de actualizaciones, ya que se ha incorporado en los cálculos lo dictaminado en la sentencia 159/2022 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el máximo de 1.800 horas anuales que debe hacer un trabajador.
También aparecen las modificaciones contenidas en el decreto ley 1/2022 de 2 marzo de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica.
Igualmente, se han calculado los costes de la Seguridad Social al 31,65% y se ha actualizado el coste del combustible.
Por otra parte, sobre la aplicación en el nuevo contrato de esa sentencia del Supremo que fija en 1.800 horas anuales el máximo que debe hacer un trabajador, la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, explicó que este fallo «se aplicará a aquella parte de la plantilla que cumpla las condiciones en los términos que la sentencia expresa».
«No es a toda la plantilla, sino a aquellas personas que realizan funciones en los términos en que se ha establecido así», insistió.
