Ambuvital denunciará a USO y a su coordinador regional por calumnias

La empresa quedó en segundo lugar en ambas provincias (el servicio se adjudica de forma independiente tanto en Cáceres como en Badajoz) pero las que resultaron ganadoras en ambos lados renunciaron a encargarse del transporte de pacientes antes de firmar el contrato, aludiendo a que no se daban las condiciones para hacerlo con garantías. Ante esta situación, y tal y como establece la ley de contratos públicos, se concedió el servicio a la que quedó en segundo lugar, que casualmente era Ambuvital, tanto en la provincia cacereña como en la pacense. Según las previsiones de la Junta de Extremadura, el nuevo contrato entrará en vigor el próximo 15 de octubre.

USO ha interpuesto recursos a la adjudicación en ambas partes. La Comisión Jurídica de Extremadura desestimó el pasado 7 de septiembre el que se presentó contra la concesión en Cáceres. El de Badajoz aún no se ha resuelto. El sindicato rechaza que Ambuvital se encargue del traslado de pacientes porque, tal y como indicó a este diario su coordinador regional, Víctor Arnelas, porque la empresa había incurrido en un delito de "falsedad documental" al asegurar que cuenta con un plan de igualdad, requisito indispensable para poder contratar con la administración y que afecta a empresas de más de 250 empleados, como es el caso. Arnelas también denunció que la empresa contaba con varios requerimientos de la Inspección de Trabajo.

Según indica Ambuvital, la interposición del recurso en el caso de Cáceres ha supuesto un retraso en la firma del contrato administrativo de más de dos meses, "con el consiguiente perjuicio que ello conlleva para todos los usuarios -los ciudadanos-, los trabajadores, la empresa y la propia administración autonómica". Y advierte que lo mismo ocurrirá con la provincia de Badajoz. "Con todos estos actos lo único que se está consiguiendo es generar un grave daño al sector del transporte sanitario terrestre en Extremadura, a los trabajadores de Ambuvital, y a la salud pública extremeña", añade la empresa.

Ambuvital recuerda además que Arnelas fue relegado de sus funciones por despido disciplinario el 2 de enero de 2019 por "faltas muy graves", entre las que cita haber realizado grabaciones en vídeo dentro de las instalaciones del Hospital de Valencia de Alcántara (Cáceres), lanzando amenazas contra su empresa y la Junta, así como dudando de la calidad de los suministros de las ambulancias para los pacientes, distribuyendo estos vídeos a través de redes sociales. Tras este despido, según la adjudicataria, Arnelas demandó a la empresa, perdiendo el juicio en primera instancia. Y el pasado 7 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desestimó el recurso y confirmó su despido como "disciplinario y procedente". Por tanto, subraya la empresa, "está fuera del sector de las ambulancias y no tiene legitimidad moral para representar a ningún colectivo de trabajadores".

Le acusa además de dirigir presuntamente todas sus actuaciones "a aprovechar el carácter mediático del sector en su propio beneficio, sembrando y abonando su futura carrera política, habiéndose ya presentado en alguna candidatura". El pasado 10 de septiembre el coordinador de este sindicato anunció también que daría parte a la Fiscalía para que investigue si ha habido prevaricación en las recientes adjudicaciones a esta empresa. "Igualmente, durante todo este tiempo, el señor Arnelas Santano también ha venido realizando afirmaciones públicas faltando a la verdad, e imputando a esta empresa una serie de acciones, presuntamente delictivas, sin base ni fundamento alguno", añade Ambuvital.

Por todo ello, anuncia que en las próximas fechas va a emprender acciones penales tanto contra él y como contra el sindicato USO "por venir injuriando y calumniando a esta empresa sin fundamento alguno, y poner en riesgo el servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura con sus temerarias actuaciones".