Como «sorpresiva y no dialogada», con unas consecuencias que serán «devastadoras» para el empleo o «como el peor retroceso producido respecto del empleo de personas con discapacidad en nuestra etapa democrática». Son algunas de las expresiones con las que desde los colectivos del ámbito de la discapacidad se ha recibido la propuesta normativa articulada en el Anteproyecto de ley por la que regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En juego, aseguran, están muchos puestos de trabajo desempeñados por personas con discapacidad. Solo en la región, según los datos que maneja el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Extremadura, peligrarían los alrededor de 3.200 que hay en los 184 centros especiales de empleo que, a fecha de mayo, estaban registrados en la comunidad autónoma. En todo el país, serían cerca de 100.000 los trabajadores afectados, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad.
De aplicarse tal y como se ha conocido, la norma, que en estos momentos está en fase de trámite de audiencia pública, amenazaría también la continuidad laboral para las personas con discapacidad que están contratados en empresas ordinarias.
«Quien ha elaborado este anteproyecto desconoce la realidad de la discapacidad y del empleo en nuestro país»
«Esto no tiene ni pies ni cabeza. Todo el sector de la discapacidad a nivel nacional se ha manifestado en contra. Quien ha elaborado este anteproyecto desconoce la realidad de la discapacidad y del empleo en nuestro país», critica Jesús Gumiel, presidente de Cermi Extremadura, que lamenta igualmente que el documento haya visto la luz sin antes «informar ni avisar a ningún colectivo de personas con discapacidad ni a otros ministerios con competencias en este tema, lo cual es muy grave».
Lo recogido en el anteproyecto altera de forma sustancial la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, los relativos a las bonificaciones a la Seguridad Social. A través de esa vía, lleva a «la desaparición» del empleo protegido (el de los centros especiales y otras entidades sociales asimiladas, bonificado actualmente al 100%), que se equipara al ordinario en cualquier modalidad de contratación. Eso supone la reducción de bonificación en los contratos indefinidos y la supresión de estas ayudas en los temporales.
Tasa de actividad por debajo del 30%
Por ley, la plantilla de los centros especiales de empleo debe superar el 70% de empleados con discapacidad. En Extremadura, solo el 29,9% de las 47.500 personas de 16 a 64 años con discapacidad oficialmente reconocida en 2020 eran activos, la cuarta tasa de actividad autonómica más baja, con datos extraídos de la última estadística elaborada por el INE sobre esta materia.
«Los centros especiales de empleo son decisivos» de cara a facilitar la integración laboral de estas personas y para que «lleven una vida normalizada», alega Gumiel, que destaca que estos centros de trabajo son además frecuentemente un instrumento«clave» para que se puedan desarrollarse «unas habilidades profesionales adecuadas» con las que dar posteriormente el salto a una empresa ordinaria, presentarse a las convocatorias de empleo público, o poner un negocio por cuenta propia.
Además de las consecuencias «muy negativas» que se atribuyen a la propuesta normativa en términos de pérdida de empleo actual y de desincentivación de la contratación futura, también se augura que conllevará un incremento del gasto público por el aumento de prestaciones económicas y sociales y por la disminución de retornos económicos al propio Estado. «Por cada euro que se invierte en bonificar el empleo de personas con discapacidad, el Estado reingresa 2,5», incide el presidente de Cermi Extremadura, que explica que el coste de una prestación que haya que abonar a un parado siempre será «mucho» mayor que la bonificación de una contratación.
Contrato de fomento del empleo
En cuanto al empleo ordinario, el articulado provisional prescinde también de la bonificación que se contemplaba para el contrato temporal de fomento del empleo, una figura que había sido «una excepción» en la última reforma laboral «precisamente porque es muy necesario». Asimismo, reduce la ayuda para los indefinidos
Estos recortes generalizados de los incentivos a la contratación dificultarán enormemente, además, que el empresario pueda llegar a pagar sueldos por encima del salario mínimo, reprocha.
Desde Trabajo, por su parte, se argumenta que el objetivo es aprobar una norma que garantice la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral y que atienda las recomendaciones de organismos como la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que señalan que los efectos positivos de los actuales incentivos son modestos, benefician sobre todo a personas con formación media-alta y no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo, informa EFE. Desde la Junta de Extremadura no se atendió ayer la petición por parte de este diario de una valoración acerca del anteproyecto y de datos sobre empleo protegido en la región.
Cermi Extremadura ya ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley. Las mismas que han sido trasladadas «por cientos de oenegés y de centros especiales de empleo de Extremadura, al igual que han realizado desde el resto de comunidades autónomas», puntualiza Gumiel. En esta línea, se han remitido cartas a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y a la directora general de Calidad en el Empleo, Ana Jiménez, para recabar el apoyo de la Junta con vistas a la retirada de esta propuesta.
