El TSJEx ordena, una vez más, tirar la zona a medio construir de Valdecañas

Y de nuevo, otro revés para Marina Isla de Valdecañas: los tribunales ordenan (otra vez) la demolición del complejo turístico. El que vuelve a pedirlo ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que insta a derribar toda la parte que está a medio construir en el resort. El auto prohíbe además levantar nuevas construcciones en el enclave. A efectos prácticos no supone nada nuevo, puesto que la resolución que ordenaba tirar esta parte ya era firme, lo que ocurría es que ese plan de derribo que este mismo tribunal decretó en febrero de 2022 a instancias del Tribunal Supremo (TS), estaba paralizado por los recursos presentados por la Junta de Extremadura y las promotoras Marina Isla Valdecañas y Golf Valdecañas. El Supremo los desestimó el pasado mes de mayo. Por tanto, desbloqueada esa situación, lo que hace ahora el TSJEx es instar a que se ejecute ese plan de demolición. Y lo hace además después de que se lo pidiera Ecologistas en Acción. Ha estimado su escrito.

El Supremo mantiene la demolición de Valdecañas a la espera del Constitucional

No obstante, este nuevo dictamen de derribo no afecta a la parte que está ya construida, pues esta orden de demolición está recurrida al Tribunal Constitucional (TC), que debe pronunciarse aún sobre si debe o no tirarse. Mientras tanto el TC en un auto paralizó la orden de ejecución de esta zona ya ejecutada, a la espera de su pronunciamiento.

La Junta de Extremadura es la administración competente para llevar a cabo el derribo. Y el TSJEx le da un plazo de seis meses para aprobar el plan de derribo, con la obligación de que a partir del sexto mes se lleve a cabo el proceso de adjudicación de los trabajos para poder materializar el derribo. Debe tirar, según especifica el tribunal extremeño, el segundo hotel planificado así como las viviendas que estaban a medio construir y a las que están terminadas y que sirven de oficina a la promotora, “salvo que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas”. Debe derribarse también todas aquellas instalaciones que, aunque no sean imprescindibles para el funcionamiento de las edificaciones, se encuentren también en fase de estructura. Además, las plataformas que no hayan sido urbanizadas deberán restaurarse y revegetarse.

Todo ello, mediante una actuación que conlleve el menor perjuicio para el medioambiente, con el objetivo de reponer el terreno “a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la Zepa (Zona de Especial Protección para las Aves), debiendo crearse un enclave y paisaje a los protegidos en la Zepa”, sostiene el TSJEx en el auto hecho público este viernes.

Será la sala de lo contencioso administrativo de este tribunal la que se encargue de supervisar los trabajos y pide al Ejecutivo autonómico que aclare si será el Consejo de Gobierno el órgano encargado de la ejecución de los trabajos, tal y como se aprobó en la anterior legislatura.

La Junta de Extremadura ya ha anunciado que recurrirá el auto. "El gobierno de la Junta de Extremadura respeta las decisiones judiciales, pero va a explorar todas las posibilidades con el objetivo de frenar la demolición de parte del complejo", afirman fuentes del Ejecutivo. Y lo justifica porque "la ejecución de la demolición tendría consecuencias nefastas para la región, ya que se proyectaría un mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse en nuestra comunidad autónoma". En este sentido advierten que "en Extremadura no sobra ni un empleo ni una inversión ni una oportunidad. Y aunque se trate de una demolición parcial, el resultado posterior de ésta no ayudaría ni al desarrollo de la zona ni a la creación de nuevos puestos de trabajo a corto plazo ni a la proyección económica general de la región en el futuro".

No harán lo mismo los propietarios de las edificaciones, que no tienen previsto presentar recurso ante este nuevo auto: «Por nuestra parte no se va a recurrir porque el auto no varía nada de lo que ya estaba acordado», sostiene el abogado que los asiste, Luis Díaz Ambrona. «Lo que ha hecho el TSJEx era lo lógico y previsible, después de que el Constitucional acordara la suspensión de la ejecución (del plan de derribo) de lo que está en uso y disfrute de los propietarios», puntualiza este letrado.

Ecologistas en Acción, por su parte, aplaude el dictamen y critica la decisión de la Junta de recurrirlo. «Excede de la mala fe procesal para no acatar una sentencia judicial que es firme», afirma el abogado de este colectivo, José María Trillo, quien acusa al Ejecutivo de querer «hacer una amnistía frente a algo que ya está condenado». Este diario intentó contactar con el promotor del complejo, pero no recibió respuesta.

Las reacciones políticas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, reiteró que su partido luchará «para evitar «cualquier derribo» de este complejo y recordó que la presidenta de la Junta, María Guardiola, «siempre estuvo» al lado del gobierno anterior ante este asunto; «siempre luchando para conseguir el equilibrio entre el crecimiento de nuestra región y la protección medioambiental». 

Sánchez Juliá hizo estas declaraciones después de que los socialistas instaran a Guardiola a mojarse sobre Valdecañas: «No sabemos si el PP va a mantener la ambigüedad de siempre o va a empezar ya a trabajar de una vez por el bien de esta tierra», le espetó.

Unidas por Extremadura se mantiene firme en su postura contra el resort e insiste en que es «ilegal» y «debe derribarse entero». 

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