Extremadura estudia recurrir la orden contra la obligatoriedad de las mascarillas

La orden del Ministerio de Sanidad aprobada la tarde del miércoles que obliga a usar mascarillas en los centros sanitarios asistenciales del país llegará a los tribunales. El gobierno extremeño ha anunciado que los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de presentar un recurso contra esta medida, como ya han confirmado que harán al menos otras dos autonomías, País Vasco y Baleares. 

Las consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Sara García Espada, asegura que Extremadura acata «por imperativo legal y lealtad institucional» la obligatoriedad del uso de las mascarillas que no comparte su departamento por varias razones. Entre ellas, señala que la imposición del ministerio se ha adoptado «sin escuchar a los técnicos y sin informes que avalen la decisión». Además, lamenta que «no se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (reunido el pasado lunes)», y critica además la falta de consenso: «se ha tratado con una imposición lo que no se ha conseguido con unanimidad en el consejo».

Sanidad impone la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios a todas las autonomías

Entre otras razones, la consejera extremeña lamenta que el ministerio haya impuesto su criterio sin tener en cuenta la situación de cada comunidad. «En Extremadura no llegamos a los 700 casos por cada 100.000 habitantes de infecciones respiratorias agudas mientras hay comunidades que superan los mil casos. Y además, aquí ya llevamos dos semanas con un descenso de esas infecciones».

Sin embargo, esta situación no permitirá despojarse de las mascarillas a pesar de que la orden permite pasar de obligación a recomendación si hay dos semanas consecutivas en descenso. «El texto es muy confuso, nada preciso y que deja muchas dudas de interpretación porque no explica desde cuando se contabilizan esas dos semanas de descenso. Pero vamos a ser cautelosos, vamos a cumplir con la norma y entendemos que se marca desde la publicación de la orden», valora García. Esto supone que Extremadura tendrá que mantener al menos durante las dos próximas semanas el uso obligatorio de la protección en los centros sanitarios y podría levantar la medida si se mantiene la actual tendencia a la baja. 

Aún así, la consejera considera que el uso de las mascarillas «no va a frenar la transmisión comunitaria de los virus y así nos lo hacen llegar nuestra Dirección General de Salud Pública. Vamos a valorar cuáles son los efectos de esta imposición y veremos si el tiempo nos da la razón». Mientras, asegura que los técnicos siguen vigilantes y a la espera de un posible pico de infecciones respiratorias agudas «para el que estamos preparados», asegura García. 

Bronca política

La consejera también ha abordado este asunto durante el pleno de la Asamblea, en el que ha habido enfrentamiento político a cuenta de la orden que obliga al uso de las mascarillas. Mientras García Espada ha insistido en la falta de cohesión y de informes técnicos que avalen la imposición del ministerio, la diputada socialista María de la Cruz Buendía ha lamentado que se utilice el Consejo Interterritorial para la «confrontación política» y ha criticado que el Ejecutivo extremeño parece «más interesado en hacer oposición al Gobierno de España que en gestionar la salud de los extremeños», recoge Efe. 

El diputado del PP José María Saponi ha defendido el compromiso de la consejera «con una gestión sanitaria responsable y transparente», mientras el parlamentario de Vox Juan José García ha pedido que no se alarme a la población porque «no estamos en una situación de emergencia, es una epidemia estacional» y el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González ha criticado la politización del Consejo Interterritorial y la falta de consenso «sobre algo que respalda la evidencia científica y la ciudadanía». 

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