Los centros educativos extremeños podrán solicitar a los alumnos el depósito del móvil

La instrucción regional que regula la prohibición de los teléfonos móviles entre los alumnos en todos los centros educativos de la comunidad entró ayer en vigor y desde la Consejería de Educación se la hicieron llegar a los equipos directivos así como a los padres y madres de los alumnos a través de Rayuela.

Los centros tienen un plazo estimado de un mes para adaptar su normativa de centro a la nueva regulación que, entre otras cosas, detalla una medida correctora que podrán aplicar si así lo estiman oportuno. Se trata de que podrán solicitar al estudiante el depósito del dispositivo tecnológico en una dependencia del centro. «Se efectuará por el alumnado al menos ante un miembro del equipo directivo y se solicitará a la persona propietaria del mismo que proceda a apagarlo antes de su depósito», recoge la instrucción publicada ayer. 

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El dispositivo deberá ser custodiado por el equipo directivo hasta que sea devuelto a los padres del estudiante afectado o incluso al propio alumno previa autorización de sus progenitores.

Por lo demás, la instrucción no especifica ninguna otra medida correctora o sancionadora en caso de incumplimiento y detalla que en esos casos se aplicarán las acciones que contempla el decreto 50/2007 por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia y mediante el cual el uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas está tipificado como una «conducta gravemente perjudicial» para la convivencia del centro (según el artículo 40). En estos casos se aplicarán las medidas correctoras que establece ese mismo decreto, que van desde la realización de tareas fuera del horario lectivo al cambio de grupo, la suspensión de las actividades extraescolares, de asistir a las clases durante un tiempo o incluso el cambio de centro.

La prohibición del uso de móviles y relojes inteligentes se extiende a toda la jornada lectiva y en todos los espacios del centro, incluidos los servicios complementarios de comedor o transporte. «Es una regulación positiva y homogénea para todos los centros, nos parece bien limitar el uso de los móviles, aunque echamos de menos que la regulación no afecte también al profesorado como nos pedían las familias en la encuesta que lanzamos, por aquello de dar ejemplo», valora la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos (Freampa).

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