Educación prohíbe desde hoy móviles y ‘smartwatches’ en todos los centros

El uso y exhibición de los móviles y relojes inteligentes por parte de los alumnos en los centros educativos extremeños está prohibido desde hoy en la comunidad. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional llevó ayer a la Mesa Sectorial de Educación la instrucción que regulará esta nueva medida y que fue aprobada «por unanimidad» en la reunión con los cinco sindicatos del sector. Es la primera vez que se regula a nivel regional el uso de los dispositivos electrónicos de uso personal, ya que hasta ahora los centros podría establecer sus propias reglas.

Desde hoy, por tanto, los estudiantes no podrán usar sus móviles y ‘smartwatches’ dentro del recinto educativo y en ningún momento: ni en clases, el recreo o las actividades extraescolares, así como tampoco en los servicios complementarios como el comedor o el transporte escolar. Y no afecta solo a su utilización, también a la exhibición: «aunque el móvil esté apagado, no se puede tener delante», señaló ayer la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Aunque habrá excepciones. El uso de estos dispositivos estará permitido en el aula con fines pedagógicos, para una determinada actividad educativa previa autorización de las familias, o también en situaciones excepcionales como un problema de salud del alumno o en una excursión si así lo determina el centro.

Flexibilidad para adaptarse

La nueva normativa que habla en general de dispositivos electrónicos de uso individual se extiende a todos los centros sostenidos con fondos públicos, lo que incluye también a la escuela concertada, pero los privados podrán aplicar esta instrucción si así lo desean, especificó Vaquera. No obstante, aunque la prohibición de forma general entra en vigor hoy, los centros tendrán un tiempo para adaptar sus normativas actuales (tanto su proyecto educativo de centro como el reglamento de organización y funcionamiento) a la nueva instrucción. «Vamos a dar flexibilidad para que se vayan adaptando, no vamos a pedir que se pongan esta tarde a cambiar lo que se requiera, pero será un periodo razonable, un mes será suficiente», aseguró la consejera, quien recordó que ya hay muchos centros que venían aplicando esta prohibición. 

Vaquera insistió en que esta determinación se toma tras escuchar a la comunidad educativa en distintos encuentros con las familias, los equipos directivos, los sindicatos y los alumnos. «Los únicos que no mostraron su satisfacción al 100% fueron los alumnos, pero una parte estaba a favor y la otra se abstuvo. En contra de esta medida no hemos tenido a nadie». 

¿Cuál es el objetivo?

Con esta nueva normativa, la consejera espera poner freno al abuso de los móviles por parte de los más jóvenes. «No podemos tener a niños de Primaria enganchados a los móviles porque está demostrado que no es bueno». Y también incidió en los perjuicios que puede llegar a tener ante casos de ‘buylling’ y los peligros de la inteligencia artificial y las redes sociales. «Hay una parte social que tenemos que inculcar a nuestros niños. No somos responsables de lo que hagan en su familia, pero los centros educativos tienen que estar atendiendo y formando parte de esa educación. Los profesores no pueden ser vigilantes». 

Por último, Vaquera incidió en la «competitividad» que se fomenta entre los alumnos por tener una determinada marca de móvil: «estamos creando una brecha tecnológica, social y económica, hay familias que no pueden pagar móviles de 1.500 euros y los niños se sienten de primera y de segunda y eso no se puede consentir». No obstante, la consejera subrayó que no está en contra del uso de la tecnología y de los avances tecnológicos en la educación.

La medida se aplica desde hoy en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, aunque también podrán sumarse a esta instrucción los centros privados si así lo desean. 

Con esta instrucción la consejería quiere dar «seguridad jurídica» a los equipos docentes para garantizar un correcto funcionamiento de los centros y que todos tengan criterios homogéneos, aunque la instrucción no recoge las medidas que se deben aplicar en caso de incumplimiento. «En ese caso nos remitimos al decreto 50/2007 en el que viene reguladas las sanciones y en todo caso estarán coordinadas y establecidas por los centros en virtud de su propia autonomía», ha apuntado Mercedes Vaquera.

Valoraciones de los sindicatos

«Estamos de acuerdo en que se restrinja el uso de los móviles, porque sobre todo son un elemento de distracción y distorsión que no es bueno en el aula, además otros usos, y también porque las aulas ya están sobredotadas de tecnología, pero creemos que la instrucción es incompleta y ambigua. No habla concretamente de móviles sino de dispositivos electrónicos entre los que también se podría estar hablando de las tablets e incluso las calculadoras», destaca Alfredo Aranda, vicepresidente del sindicato PIDE. Para la delegada de CSIF Ana Flores el acuerdo «no supone una gran novedad», ya que plasma en una instrucción las decisiones que ya han tomado previamente muchos centros educativos. 

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de ANPE, Saturnino Acosta, asegura que coinciden con la postura adoptada plenamente, «estableciendo una norma que posibilite a los centros, en el uso de su autonomía pedagógica y organizativa, regular el uso de responsable de los móviles para evitar su utilización indiscriminada que pueda llegar a generar distracciones y deteriorar la convivencia en el centro». Aún así, subraya que la responsabilidad sobre la utilización adecuada de los teléfonos no debe recaer de forma exclusiva en los centros educativos: «requiere de la implicación de la comunidad educativa, de las familias y de la sociedad en general». 

Para Lourdes Núñez, secretaria de la Federación de Enseñanza en CCOO, con esta instrucción se ha creado «un cuerpo base» que sirva de «paraguas» a los centros en su organización, pero sin «menoscabar» su autonomía para decidir el uso «adecuado» y «didáctico» en determinadas circunstancias de este aparato electrónico, según recoge Efe. «Es una demanda de toda la comunidad educativa, se pretende que los dispositivos móviles se usen de forma conveniente», dijo ayer, por su parte, Juan Manuel Jiménez, secretario de Educación de UGT. 

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