Un pulso autonómico que no todos pueden ganar

Pocas cuestiones han suscitado tantas reuniones entre los miembros del Gobierno y los presidentes autonómicos. Todos juntos, o por separado, los dirigentes llevan más de un año poniendo sus cartas sobre la mesa para conseguir un nuevo modelo de financiación lo más ajustada posible a sus intereses particulares. Un pulso que todos quieren ganar, pero saben no es posible que así sea.

Las voces más discordantes desde que José Luis Rodríguez Zapatero abrió el melón de la financiación han sido aquellos que en los últimos años han visto cómo su población ha crecido en mayor medida, empujados por el efecto de la inmigración. Madrileños, andaluces, valencianos y, sobre todo, catalanes, han tenido en más de una ocasión contra las cuerdas al Gobierno central, que se ve obligado a atender las pretensiones de quienes quieren que se imponga el criterio poblacional, con otras regiones que esperan que sus condicionantes sociodemográficos tengan también un peso relevante en el modelo.

Un sistema sanitario que atienda a una población muy envejecida es más caro para las arcas públicas que otro en el que sus cartillas sanitarias pertenece a gente joven, y mantener una red de centros educativos públicos en una zona de gran concentración habitantes es más barato que en otra con pequeños pueblos y separados entre sí.

Estas son, fundamentalmente, las dos realidades enfrentadas en el sudoku de la financiación, como así lo denominó el exvicepresidente Pedro Solbes, el mismo que ha salido del gobierno antes de acabar la tarea que ahora tienen encomendada Manuel Chaves.

Los ingredientes para la fórmula mágica son ya conocidos: ampliar la gestión de impuestos por las comunidades, incrementar el peso poblacional en el criterio de reparto, pero aderezarlo con otros como la dispersión geográfica, la densidad de población o el envejecimiento. Pero aún no se conoce el orden de los factores. Otra cuestión es el destino de las cuentas. Se ha hablado de crear un fondo exclusivo para los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales) y otro para el resto de los servicios, como quería Cataluña y rechazaba Extremadura. En semanas se conocerá la fórmula.