La ley de barrios marginales nace con buenos proyectos pero sin presupuesto

Intentar acabar con los guetos en siete ciudades extremeñas. Este es el ambicioso objetivo con el que nace la Ley de Actuación Integral en Zonas de Atención Especial de Extremadura, aprobada ayer en la Asamblea con los votos del PSOE y la oposición del PP. Esta normativa de ayuda a los barrios marginales nace con buenos proyectos, pero sin un compromiso de inversión ambicioso. Esta falta de presupuesto fue precisamente el argumento que esgrimió el Grupo Popular para su rechazo. Mientras los socialistas defienden su eficacia, el PP entiende que este vacío presupuestario impedirá previsiblemente la puesta en marcha de las actuaciones contempladas. "Quedará en una simple "declaración de intenciones", criticaron.

La diputada popular Teresa Tortonda señaló ayer que "no se presenta ni un solo euro" ya que estará "supeditada siempre a la evolución general de la economía y a la voluntad de quien esté gobernando". Además, indicó que solo dos regiones cuentan con una ley de barrios, Baleares y Extremadura, pero que, mientras que la primera está dotada con 10 millones de euros, la segunda destina tan solo 114.000 euros en 2011 con cargo al plan de barrios. Los socialistas, que no negaron esta cifra, destacaron que el fondo para la actuación en barrios ha contemplado, desde 2007 hasta 2010, una inversión superior al millón y medio de euros.

Con la aprobación de esta normativa, las ciudades de más de 20.000 habitantes se beneficiarán de las actuaciones de inclusión social dirigidas a las personas que residen en las barriadas marginales. En realidad, se eleva a categoría de ley el Plan de Barrios que desarrolla la Junta desde 2008 en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, a las que se sumaron en 2009 Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena.

En concreto, contempla la coordinación entre las administraciones autonómica y local, y la realización de programas de actuación integral para garantizar igualdad de oportunidades a las personas que residen en los guetos urbanos. Estos se desarrollarán en diferentes ámbitos y teniendo en cuenta las siguientes áreas: servicios sociales, sanidad, educación, urbanismo y vivienda, formación y empleo, comercio y empresa, seguridad ciudadana, participación social, ocio y juventud, entre otros. La ley se complementa con los 15 planes sectoriales que están en marcha en la comunidad para favorecer la inclusión social.

Para el PP, la ley viene a confirmar que existen extremeños en situación de exclusión social como consecuencia de las políticas erróneas de la Junta en materia de vivienda o empleo. Ante estas declaraciones, la diputada socialista Rosa María Delgado quitó responsabilidad al Gobierno autonómico al recordar que donde "hay una ciudad hay barrios marginales" debido a que existe una mayor competencia. Una competitividad que, añadió, obliga a determinados ciudadanos a competir en desventaja y descender socialmente. En este sentido, subrayó que la proporción de habitantes que viven en una ciudad media española en barrios vulnerables es del 14% mientras que en Extremadura es del siete.

Otras de las cuestiones que dividen a ambos grupos parlamentarios es la definición de esas actuaciones. Precisamente, una de las enmiendas presentadas por los populares rechaza que sea la Administración regional la que establezca las directrices, objetivos, acciones y particularidades de los programas que se desarrollen al amparo de esta ley. A su juicio, es "una ingerencia en el mundo municipal" por mucho que la Junta diga que no tiene competencias ni responsabilidad en la materia. "Yo hago una ley donde obligo a los ayuntamientos a las actuaciones que tienen que realizar pero tampoco pongo un duro", aseveró Tortonda. Desde el Ejecutivo regional defendieron que, en última instancia, es cada ayuntamiento quien prioriza las acciones a llevar a cabo en las barriadas, así como la elaboración de los programas de actuación.

LAS CLAVES DE LA LEY Esta filosofía de participación local y proximidad pretende dar respuesta a las características propias y diferenciadoras de cada barrio. En virtud de esta ley, se constituirán en cada uno de los ayuntamientos implicados los denominados consejos de zona, formados por las asociaciones vecinales y concejales. Entre las funciones de estos organismos de consulta y participación estará la evaluación y seguimiento de las actuaciones. En cuanto a los programas de actuación, los populares registraron una enmienda sobre la inclusión de cuatro ámbitos --urbanismo, vivienda, economía y lo social--. Enmienda que fue rechazada puesto que, según Delgado, ya están recogido estos campos. No obstante, la normativa se centra en tres áreas fundamentales, consolidar los servicios sociales de base, ofrecer formación y orientación laboral y coordinar las actuaciones entre las distintas administraciones.