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Energías verdes, conflictos renovables

Los problemas legales, ambientales y de financiación lastran el desarrollo del sector

Cuando no son las trabas burocráticas son los recortes en los sistemas de primas, los cambios en la planificación energética, los problemas en el acceso a la financiación, las cuestiones ambientales o las dudas legales sobre las instalaciones. De una forma o de otra, los conflictos persiguen y lastran al sector de las energías renovables en la región.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta contra el nuevo decreto que regula las primas a las instalaciones fotovoltaicas no es más que el último capítulo de una senda de dificultades para este tipo de energía. Cerca de 300 parques de paneles fotovoltaicos se han puesto en marcha en Extremadura desde que en el 2006 se inició el boom de la energía solar. Juntos suman más de 460 megavatios de potencia instalada, el equivalente a la mitad de un reactor nuclear. Desde entonces los cambios legislativos han traído de cabeza a los propietarios de las instalaciones, con tres decretos regulatorios diferentes en apenas cuatro años. Al calor de esas reformas se han ido modificando las primas que perciben por generar energía de origen renovable y las condiciones de entrada al propio sistema de primas. Incluso han sufrido la sombra de la especulación y del fraude. Todo ello ha ralentizado el ritmo de implantación de esta tecnología (de los 460 megavatios instalados, 400 son anteriores al 2008).

Tampoco las centrales termosolares han evitado las turbulencias. Actualmente se encuentran en la parte final de su fase de despegue, con cinco instalaciones en funcionamiento, ocho en construcción y cuatro más con el proyecto avanzado. Prácticamente todas vieron su futuro y su viabilidad en peligro durante el 2009, ante los vaivenes del Ministerio de Industria en la elaboración de la normativa y la planificación aplicable al sector. Finalmente tuvo que ser el Senado el que pusiera paz, al tumbar el decreto que imponía condiciones muy restrictivas para la inscripción de las centrales termosolares en el registro de preasignación --que es el que da derecho a las primas--.

Menos fortuna han tenido los empresarios que apostaron por el sector eólico. Los condicionantes medioambientales provocaron que la Junta rechazase la mayor parte de los proyectos presentados en la primera convocatoria, resuelta en el 2009 tras tres años de tramitación. De ese proceso solo se aprobaron 23 iniciativas, que junto a las tres que han recibido luz verde posteriormente, están pendientes de la aprobación del proyecto constructivo. Sin embargo, no hay sosiego para esta tecnología. El sector ha denunciado que el nuevo borrador regulatorio que prepara el Gobierno desincentivará la inversión y dificultará la financiación al reducir hasta en un 40% las primas a cobrar por los nuevos parques que se pongan en funcionamiento a partir del 2013.

Por otra parte, la Junta tiene abierta una segunda convocatoria, a la que se han presentado más de 300 proyectos eólicos. El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, explicó la semana pasada que su departamento va a revisar de nuevo todos los expedientes.

En cuanto a la biomasa, hay varios proyectos anunciados, pero solo uno operando, en Miajadas.

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