El problema demográfico

Uno de los grandes debates en España durante los próximos años va a ser, sin duda, el problema demográfico. En primer lugar por el envejecimiento y sus repercusiones sobre la economía (población inactiva y aumento de recursos para las pensiones), ya que España es un país en declive poblacional que acelerará el proceso, en los próximos 10 a 20 años, cuando lleguen a la edad de jubilación los nacidos en la década de los 60 y 70.

Pero el problema más latente, y que hay que abordar políticamente de manera decidida es el despoblamiento, sobre todo el de carácter rural. En España hay 36 provincias que han perdido habitantes en el último año (INE, 2017), especialmente las que tienen un sistema de asentamientos basados en municipios menores de 2.000 habitantes, acentuándose la hemorragia cuanto menor es el tamaño de los núcleos, salvo excepciones puntuales.

En total 4.995 (61,5%) de los 8.125 municipios españoles no superan los 1.000 habitantes y acogen al 3,15% del total poblacional, lo cual es un problema gravísimo, pues el coste del mantenimiento de ciertos servicios se encarece exponencialmente a medida que disminuye el tamaño demográfico.

En el caso de Extremadura la situación, a simple vista, parece que es mejor que la media española, pues 215 municipios (55,4%) tienen menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, si consideramos la población menor de 2.000 habitantes (84 municipios tienen entre 1.001 y 2.000 habitantes), los porcentajes son muy similares entre España (74%) y Extremadura (77,3%), con la diferencia que en España viven en esos núcleos el 10% de la población total y en Extremadura el 20%, o sea que la cuestión se duplica. Además, prácticamente todos los municipios menores de 2.000 habitantes se encuentran en franca regresión demográfica.

Una de las curiosidades de este modelo medieval de conglomerados humanos es que 50 municipios de Extremadura, la inmensa mayoría en la provincia de Cáceres, tienen menos de 250 habitantes, sumando entre todos 7.200 residentes, población similar a la que tiene Guareña.

Pero, sin duda, lo más destacable es que por vez primera, en los últimos años han llegado a perder población también nuestras principales ciudades (Badajoz, Cáceres, Plasencia, Don Benito y Almendralejo) y con ello también la provincia de Badajoz en su conjunto, pues la de Cáceres ya lo venía haciendo desde hace mucho más tiempo.

Para mí es el principal problema de nuestra región, el declive demográfico, y la amenaza de supervivencia de muchos de nuestros pueblos. En otros países se ha procedido como solución a la fusión y agrupación de municipios para abaratar los costes de servicios que pueden prestarse gracias a la mejora de las accesibilidades en materia de transportes y telecomunicaciones.

Durante los últimos años, en toda la Unión Europea se están llevando a cabo importantes reformas y reordenaciones para la reconfiguración del sector público local. De acuerdo con los resultados del informe elaborado por el propio Consejo de Europa con una comparativa de la dinámica del número de municipios por países entre los años 1950 y 2012, hasta 19 países redujeron el número de municipios en los que estaba dividido su territorio.

Austria, Finlandia, Alemania o Noruega están entre ellos, pero destacan los casos de Bélgica (que tenía 2.669 municipios en 1950 y tan solo 589 en 1992, es decir, un 78% menos); Bulgaria (de 2.178 a 255, eliminando un 88%); Dinamarca (1.387 en el año 1950 y 88 en la actualidad, un 93% menos); Suecia (que pasó de 2.282 a 286, con una bajada del 87%) y, por último, el Reino Unido, que en 2012 tenía 484, 1.544 menos que en la década de los cincuenta, cuando su cifra de municipios llegaba a 2.028.

Paradójicamente en España y Extremadura, seguimos aumentando el número de municipios con el reconocimiento de las Entidades Locales Menores, fruto de su creación como poblados del Plan Badajoz, lo que no deja de ser un mayúsculo error por no llegar al umbral mínimo de habitantes que haga sustentable económicamente su emancipación.

La estructura territorial es una preocupación constante y aquí hay un debate profundo relativo a la autonomía local y la gobernabilidad. La autonomía tiene que ver con la gestión de los recursos y la capacidad de ser efectivo. Si eso no se consigue el carácter autónomo sólo tiene un valor nominal.