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estado de los trámites para la instalación de la planta industrial en expacio mérida

Los permisos ambientales para la azucarera podrían estar este mes

Navarro afirma que las organizaciones agrarias manifiestan su interés por este cultivo. El consejero regional de Economía asegura que las tramitaciones avanzan «a buen ritmo»

Los permisos ambientales para la azucarera podrían estar este mes

Los trámites para que Mérida albergue una planta azucarera del grupo dubaití Al-Khaleej Sugar avanzan favorablemente. El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, anunció ayer que «es posible» que durante este mes estén listas las autorizaciones ambientales, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente extremeña, ya que los trámites van «a buen ritmo».

Cabe recordar que el proyecto, que supondría una inversión de 400 millones de euros y la creación de 200 empleos directos, solo está pendiente de los permisos ambientales, después de que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicara la aprobación definitiva de la modificación del PIR del polígono Expacio Mérida.

«Se sigue trabajando en todos los ámbitos que de alguna manera condicionan la viabilidad de un proyecto de este tipo», indicó el consejero. Por ello, Navarro manifestó que se ha contactado con las organizaciones agrarias, asociaciones de agricultores o cooperativas y «está identificado el interés por este cultivo, que volvería a Extremadura después de desaparecer hace unos años». También siguen trabajando en el ámbito energético, tras resolverse los problemas urbanísticos con la modificación de Expacio Mérida.

En este sentido, el consejero señaló que se trata de buscar «soluciones satisfactorias» para las necesidades que una industria de este tipo plantea. Además, existe una planificación de la terminal ferroviaria de Expacio Mérida, que «con toda seguridad estaría operativa antes de que finalizara la construcción de la azucarera».

Por su parte, destacar que el consistorio emeritense también modificó sus ordenanzas fiscales para aplicar una bonificación del 95% en el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal y como habían solicitado los promotores «como condición sine qua non».

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