Reorganización de los espacios educativos en Mérida. La Consejería de Educación y Empleo ha decidido que el próximo curso cerrará el colegio público Juan XXIII, ubicado en la barriada de San Juan, por la escasez de alumnos que viene registrando en los siete últimos años. Según ha informado en una rueda de prensa el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, el centro educativo cuenta en la actualidad con 39 alumnos, por lo que se encuentra el 12,7% de su capacidad, y la plantilla está compuesta por siete profesores.
Cinco de los seis alumnos que están cursando actualmente 6º de Primaria en este centro han repetido en alguno de los cursos anteriores y la tasa de absentismo en algunos grupos alcanza el 37%. Está previsto que el próximo curso pasen a la etapa de Educación Secundaria nueve alumnos, mientras que los 30 restantes "tendrán la opción de elegir plaza en todos los centros educativos de la ciudad". De los siete maestros que integran la plantilla orgánica, uno de ellos se jubilará este año, y el resto tendrá la opción de ser recolocados en otros centros emeritenses si así lo desean.
Amaya ha señalado que se trata de una decisión “necesaria y responsable”, que se toma tras analizar la situación del centro en los últimos siete años, y una vez que “hemos constatado que es un centro que no garantiza la igualdad de oportunidades”, ya que los 39 alumnos son “especialmente vulnerables”. Desde el curso 2016-17 no se han recibido más de dos solicitudes en el proceso general de admisión, de hecho, la mayoría del alumnado procede de escolarizaciones fuera de plazo, por traslado de los padres o de familias extranjeras.
En esta línea, el secretario general de Educación ha manifestado que el objetivo de esta medida es que el alumnado “tenga posibilidades de éxito educativo para seguir garantizando la igualdad de oportunidades”. Se trata de una reorganización de espacios educativos para “apostar por la integración y la inclusión”. Esta decisión fue trasladada ayer a la directora del centro, Cecilia Chamorro, quien “ha tendido su mano para que el cambio sea tranquilo” y esta mañana sería la encargada de informar al profesorado y, posteriormente, a las familias.
El Ayuntamiento de Mérida es conocedor de esta cuestión "desde el principio" y ha exigido a la Consejería de Educación que las instalaciones del centro tengan otro uso educativo, una vez se marche la comunidad educativa actual. El departamento del Gobierno regional se ha comprometido a ello, aunque de momento se están "barajando opciones" y no hay ningún proyecto definido.
Rechazo unánime de los sindicatos
El sindicato del profesorado extremeño PIDE se ha pronunciado "frontalmente en contra" de la decisión adoptada por Educación, al considerar que "actúa traicionando su propia ideología, sin tocar los centros privado-concertados de la localidad". "Una medida innecesaria encaminada a proteger los conciertos educativos, porque bien sabe la Consejería que la red de centros públicos de Mérida puede asumir las necesidades de escolarización sin concertar unidades con centros privados. Al igual que la totalidad de las localidades extremeñas", ha señalado en nota de prensa.
En este sentido, PIDE ha destacado que la Consejería ya hizo lo mismo, en 2020, cuando cerró el Centro Público el Cristo de Villanueva de la Serena, en vez que quitar el concierto al centro privado San José. "Con dinero público sostienen negocios privados en detrimento de la educación pública, lo que constituye, presuntamente, un delito de malversación de fondos públicos", ha denunciado.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado también esta decisión, al tiempo que reconoce la "profesionalidad y la labor" desarrollada por los docentes y el personal de administración y servicios del centro. A través de una nota, ha manifestado que es una "imprudencia" tomar esta medida en unos momentos "tan difíciles" debido a la pandemia, por la "necesidad de espacio" en todos los colegios y ante la "incertidumbre" ante la evolución de la misma.
A juicio de CSIF, la desaparición de este centro supone "el reconocimiento de un fracaso por parte de la administración educativa". Es más, el cierre del colegio ha sido comunicado "sin posibilidad de modificar la decisión ya que la negociación de la plantilla con los sindicatos había sido aprobada", ha asegurado CSIF, quien considera este cierre "una pérdida educativa para el alumnado de la zona y la pérdida de instalaciones para la educación pública".
En esta línea, el sindicato UGT SP ha mostrado su "total desacuerdo" en el cierre de cualquier centro público y pide a la Junta que recapacite y rectifique esta decisión "unilateral", además de que permita a los docentes continuar con su "importante labor de integración y de calidad educativa". En una nota de prensa, ha destacado que no comparte "en absoluto" los argumentos expuestos respecto a la igualdad de oportunidades, en tanto que esto es a su juicio "aún más difícil de entender cuando no se ha tratado ninguna información acerca de esta drástica decisión en las recientes reuniones de Plantillas orgánicas".
El sindicato ANPE Extremadura se ha manifestado también "radicalmente en contra" del cierre del colegio, ya que a su juicio "no está justificada" esta decisión por parte de la Consejería de Educación y Empleo. "Son 39 alumnos a los que se les pretende desarraigar de su colegio y de su barrio, ambos integrados y colaborando en un proyecto con la asociación de vecinos de la barriada de San Juan", incidido en nota de prensa, al tiempo que ha lamentado que "una vez más la escuela pública se ve agredida y avasallada en pro de unos intereses que en nada tienen que ver con los propiamente educativos".
