La Ley de Memoria Histórica se echa a la calle en Extremadura: "Queremos tener un sitio donde llevar flores a nuestros muertos"

La plaza España de Mérida ha sido escenario esta mañana de una concentración en defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que el actual Gobierno autonómico (PP-Vox) quiere derogar.

Se trata de una protesta convocada por el movimiento memoralista, que agrupa a una veintena de colectivos. Los congregados han recordado a los partidos políticos que la sociedad está organizada para plantar cara la decisión de acabar con los procesos de memoria y no darán "ni un paso atrás" en el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil española y durante el franquismo.

Bazaga: "La Ley de Memoria Histórica en Extremadura defenderá a todas las víctimas, no como la actual"

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho, ha señalado que estas concentraciones buscan "visibilizar" ese rechazo y ha calificado de "falaz" argumento de que la actual ley no incluye a todas las víctimas.

Corbacho ha mostrado su preocupación por "movimientos inquietantes" como es la modificación de partidas para este fin en los presupuestos que se aprobarán la próxima semana, en los que además de reducirse se les cambia el nombre, con una parte dedicada a actividades "que dicen de reconciliación y concordia". También ha negado que desde la Junta de Extremadura se haya contactado con este colectivo para abordar la situación.

En este mismo sentido se ha pronunciado José Hinojosa, uno de los portavoces este movimiento, que ha incidido en que "no se trata de bandos, sino de derechos humanos" y ha criticado Guardiola y su gobierno "tienen un gran desconocimiento" de la historia de la región y de lo que pasó. Asimismo, Hinojosa ha recordado que cuando terminó la guerra civil en 1939, hubo víctimas que tuvieron "una reparación, se les dieron honores, se exhumaron fosas y hubo hasta cesiones de estancos", pero hay otras "casi diez veces más numerosas, que nunca han recibido nada".

Igualmente ha lamentado que en esta cuestión "el PP haya ido para atrás, en función de los vaivenes políticos", ya que apoyaron esta ley. "Con ley o sin ley, la memoria de esta región no se va a tirar por tierra que parece que es lo que quieren", ha remarcado Hinojosa, que ha reconocido que existe un convenio entre la Junta de Extremadura, la UEx y las diputaciones (Cáceres y Badajoz), aunque es anterior a la aprobación de esta ley.

Entre los asistentes, familiares de víctimas como Inocencia Solomando, de Villanueva de la Serena, a cuyo tío mataron con 17 años porque pertenecía a Juventudes Socialistas Unificadas, y cuyo cuerpo no saben "donde fue a parar"; María Castilla, nieta de una fusilada en Llerena, o Fátima Robledo, nieta de Cayetano Robledo, primer alcalde republicano de Malcocinado, que fue asesinado en 1936 cuando salió a visitar a su hijo recién nacido.Todas han coincidido en que no están dispuestas a dar un paso a atrás en su lucha, en los derechos conseguidos para la recuperación de la dignidad arrebatada y en poder contar con un sitio "donde poder llevarles flores a sus seres queridos".

La opinión de la Junta

Entretanto, la portavoz y consejera de Cultura la de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha rechazado que el Ejecutivo esté intentando "desmantelar" las Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, y ha añadido que este año se seguirá apoyando, con 79.000 euros, el convenio suscrito con la Universidad y las diputaciones para este fin.

La portavoz, que ha mostrado su respeto por la protesta, ha desmentido que desde el Ejecutivo regional se esté desmantelando la ley, una postura que "avalan nuestros hechos y trabajo desde que hemos llegado al gobierno".

En este sentido, ha recordado que la Junta ha vuelto a firmar para este 2024 el convenio existente con la Universidad de Extremadura y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para seguir con las exhumaciones e identificación de las vícctimas aportando 79.000 euros y 24.000 cada diputación.

"Este gobierno busca que haya concordia, que todas las victimas se encuentren amparadas, que no haya diferencias y que sea la justicia la que declare víctimas", ha afirmado. Bazaga se ha mostrado de acuerdo con lo que demandan las asociaciones y familias "y todas estarán amparadas" por el Ejecutivo regional "que lo único que persigue es que haya un ambiente de cordialidad y honremos a las victimas, que son las importantes", ha finalizado la portavoz.

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