La petición de los colectivos vecinales Santa Lucía y Santa Bárbara de realojar a familias conflictivas de Aldea Moret en otros barrios de la ciudad fue rechazada ayer de plano por el presidente de la Agrupación Vecinal de Cáceres. Miguel Salazar, que tuvo conocimiento de esta solicitud a través de este diario, negó que ésta pueda ser la solución a los problemas de convivencia que varias asociaciones vecinales han denunciado en la barriada.
Sin embargo, se mostró partidario de que, si existen vecinos conflictivos en Aldea Moret, "han de aplicarse las normativas y la legalidad vigente de todo tipo que se puedan estar infringiendo". El dirigente vecinal citó, entre ellas, la ocupación ilegal de viviendas sociales o el comportamiento incívico de residentes. Por ello, aseguró que está en contra de cualquier realojo, ya sea total o parcial de familias en otras zonas de la ciudad: "Podrían pagar justos por pecadores. Además, si hay un problema, éste podría rebotarle a otro ciudadano. No podemos elegir el sitio para rebotar a nadie y, mucho menos, lo que conlleva de inhumano que a alguien se le desaloje de su barriada. Si se puede demostrar que el comportamiento de estas personas no es de convivencia social y normal, tendrán que responder ante la ley, pero otra cosa no".
Salazar afirmó también que desconoce los problemas de convivencia que puedan producirse entre residentes en Aldea Moret y añadió que "en cualquier sitio pueden surgir vecinos incómodos. No podemos estar eligiendo dónde tiene que vivir el vecino que no nos gusta". Agregó que la ubicación de viviendas sociales en Aldea Moret "pudo no haberse hecho bien, pero eso no evita que vayamos a cometer errores más graves aún".
REALOJO PARCIAL Sin embargo, la Asociación Socio-Cultural Aldea Moret apoyó ayer un "realojo parcial" de familias problemáticas, aunque puntualizó que ésta no es la única medida que hay tomar en la barriada. Para este colectivo es preciso que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres hagan previamente un estudio y seguimiento antes de decidir a quién y por qué se va a realojar. También consideró necesario tener un sitio donde llevar a cabo ese traslado y estimó que lo más importante es "contar con ellas para saber hasta dónde quieren llegar, ya que estamos hablando de personas y no de números".
Esta asociación recordó que cuando se adjudicaron las viviendas sociales hace nueve años "no contaron con los residentes de los poblados marginales" y que "les obligaron a irse para recalificar terrenos y, así, devaluar fincas y Aldea Moret".
Asimismo, defendió que la petición de realojo de Santa Bárbara y Santa Lucía es "legítima" y consideró "prioritario actuar en todas y cada una de las viviendas sociales, además de realizar un censo con el fin de otorgar las viviendas a las personas que realmente las necesiten".
La asociación alertó también del "deterioro de los pisos por la pasividad de la Junta y el ayuntamiento, además del tráfico de drogas, la patada en la puerta de viviendas precintadas, enganches ilegales, no abonar las cuotas de comunidades y la ocupación de la vía pública hasta altas horas de la madrugada".
