El ayuntamiento ordena precintar el lavadero de El Vivero por los ruidos que emite y porque el negocio no ha presentado el informe de impacto ambiental necesario para abrir este tipo de actividad. La decisión se toma después de que un centenar de vecinos presentaran denuncias por las molestias que les ocasionaba la actividad, en las que solicitaban que se llevara a cabo una medición por parte de los técnicos municipales. Esa medición nunca se ha realizado pero, tras estudiar la legalidad del negocio, los técnicos advirtieron que la empresa no había entregado dicha documentación, que se le había requerido en varias ocasiones.

En la notificación del precinto se detalla además que en el proyecto que el lavadero envió al ayuntamiento figura un nivel de emisión acústica de 80 decibelios, muy por encima del límite permitido por la ordenanza de ruidos y vibraciones, que se sitúa en 55 decibelios. Se les concedió licencia de obras y después de apertura; a pesar de que, hasta la fecha, no se ha presentado en el consistorio ni un informe del final de dicha obra ni el certificado acústico. «Para cumplir la legalidad vigente se debe paralizar dicha actividad hasta que cumplan las condiciones que figuran en su licencia», dice la notificación.

Cuando se recibió la orden del precinto, la actividad ya estaba paralizada, ya que los propietarios han decidido instalar unas pantallas para aislar el ruido (mientras las colocan han cerrado el negocio). Dichas placas no serán suficientes para poder reabrir el lavadero, ya que será necesario primero que se presenten los documentos que se les han requerido.

Ante esta situación los vecinos anuncian que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía, para que estudie si el ayuntamiento ha cometido algún delito permitiendo la actividad a este negocio a sabiendas de que carecía de la documentación necesaria. Recuerdan que podría tratarse de un caso parecido al de La Madrila. Desde que se parara la actividad pueden descansar. «Hemos notado una paz y una tranquilidad brutal. La gasolinera sigue abierta pero eso no influye», asegura Antonio Fernández, el portavoz de los afectados.