Las presas de la provincia cacereña necesitan una revisión. No hablamos de los mayores embalses propiedad de la Junta, de las confederaciones hidrográficas o de las compañías del sector energético, sino de los pantanos de menor tamaño que mantienen los ayuntamientos para su propio abastecimiento u otros usos (ocio, riego...), y que demandan ya un chequeo para comprobar su estado, por si necesitan alguna reforma.
De hecho, existen presas que se levantaron en su día, que fueron traspasadas a los ayuntamientos y que exigen un mantenimiento que en algunos casos no se ha hecho, dada la menor capacidad de las entidades locales. La Diputación de Cáceres no quiere dejar pasar más tiempo en este sentido. «Hay que verlas, algunas se encuentran por encima incluso del núcleo urbano», explica Alfonso Beltrán, vicepresidente segundo y diputado responsable de Medio Ambiente y Transición Ecológica. «Hemos sacado a licitación el estudio de estas presas de carácter municipal», afirma. «Haremos un análisis exhaustivo de cómo se encuentran y, en su caso, de las medidas que habría que tomar», anuncia.
El proceso se ha paralizado durante unos meses por una cuestión de competencias entre colegios profesionales, pero el Consejo Consultivo de Extremadura ya ha dictaminado y el asunto se ha desbloqueado. El proyecto está sobre la mesa de contratación. La Diputación Provincial inspeccionará un total de 28 presas repartidas por la geografía cacereña, la mayoría dedicadas al abastecimiento de agua para el consumo de las poblaciones. Unos municipios se han afanado más que otros en su buena conservación, «y hay que hacerla por ley», de ahí que la Diputación vaya a asegurarse directamente del buen mantenimiento de las mismas.
Una salvaguarda verde
Cuando la institución provincial tenga creado el nuevo consorcio medioambiental que gestionará las depuradoras de la provincia y el ciclo integral del agua de los municipios adheridos (ya está en fase de elaboración de estatutos), dicho consorcio también se encargará del correcto mantenimiento de las presas municipales, pero también de los residuos urbanos, de las escombreras y de los residuos de construcción. Si todo marcha según lo previsto, este órgano podría quedar aprobado en el pleno ordinario de la Diputación del mes de octubre.
Durante los últimos años ya se han sellado todas las escombreras ilegales y se ha regulado el vertido de estos desechos a través de contratos entre Diputación y dos empresas para el norte y el sur de la provincia.
