En pleno siglo XXI, casi la mitad de los municipios de la provincia cacereña siguen vertiendo sus aguas residuales sin depuración previa. No se trata de una situación exclusiva de Extremadura, ni mucho menos, desgraciadamente está bastante extendida. Pero su gravedad es tan evidente que ya se ha puesto en marcha un proyecto de gran envergadura para solucionarlo radicalmente en la próxima década. Comandado por la Diputación Provincial de Cáceres, pretende construir unas 70 depuradoras que solventen la situación de los 99 municipios cacereños (hay 223 en toda la provincia) que todavía vierten directamente sus aguas fecales.

La suciedad de los ríos es el tipo de contaminación más antigua que existe en el mundo, y curiosamente sigue muy presente. Productos químicos, microorganismos, aguas residuales y desechos industriales provocan una evidente pérdida de vida natural en estas aguas, y pueden llegar a afectar a la salud humana. La provincia cacereña, con toda su riqueza medioambiental y paisajística, también lo sufre. De hecho, las confederaciones hidrográficas, responsables de los cauces de los ríos, han retirado los permisos de vertidos y están enviando multas a los municipios cacereños sin depuradora, ya que contravienen la directiva europea sobre el correcto tratamiento de aguas residuales urbanas. La norma data de mayo de 1991, pero España figura entre los países que aún no la cumplen. Tras un sinfín de avisos de Bruselas, las denuncias son un hecho.

«Las sanciones están llegando a los ayuntamientos (en principio en torno a 1.000 y 2.000 euros), una cuantía que va aumentando por reincidir en los vertidos, puesto que de momento no tienen otra opción. «Al ser un delito medioambiental, puede llegar un momento en que la Fiscalía abra la vía penal. En la anterior legislatura algunos alcaldes nos transmitieron su preocupación. Desde la Diputación de Cáceres ya tuvimos reuniones previas con la Junta de Extremadura para solucionar el problema entre ambas», explica Alfonso Beltrán, vicepresidente segundo y diputado responsable de Medio Ambiente y Transición Ecológica, quien reconoce que este asunto «se ha ido dejando» durante décadas.

No se trata solo de una cuestión económica o de sanciones, sino de un «problema medioambiental». «Es una auténtica barbaridad seguir vertiendo directamente», afirma el diputado, subrayando la cada vez mayor importancia de los objetivos por conservar el planeta. «El cambio climático ha llegado. Hablamos de una realidad, se está precipitando y hay que poner soluciones» afirma.

ASÍ SE HARÁ / La solución en el caso de la geografía cacereña ya tiene nombre: Plan Depura. Nace de la mano de la Diputación como un proyecto a diez años para lograr uno de los mayores retos medioambientales de la provincia: llegar a los ‘vertidos 0’ en una década. Actualmente se está licitando la contratación de un primer estudio, una especie de anteproyecto, que será el que determine todo el proceso. «Facilitará una radiografía completa de la provincia y establecerá donde instalar las depuradoras, qué emplazamientos son técnicamente viables, etc...», detalla Alfonso Beltrán.

Tampoco se trata de poner una estación en cada pueblo. Los costes se dispararían y habría un derroche de recursos (económicos, energéticos...). «Queremos optimizarlas aprovechando las cuencas y su gravedad, de modo que una depuradora pueda dar servicio a varios municipios», precisa el diputado. De hecho, Beltrán pone al Valle del Jerte como ejemplo de eficacia y sostenibilidad: un solo colector recoge las aguas de todas las localidades y las canaliza a una depuradora.

Sierra de Gata es otro ejemplo: lleva años sin vertidos gracias a las 11 depuradoras construidas para 20 municipios a través de un proyecto de la Junta financiado con fondos europeos. También Las Hurdes se convirtió en una de las primeras comarcas en depurar por completo.

Pero faltan nada menos que un centenar de poblaciones. Según las conversaciones ya mantenidas, la Junta se hará cargo de los municipios de mayor envergadura que aún no filtren sus aguas, y la Diputación de los más pequeños. Se trata de una inversión extraordinaria: cada depuradora cuesta cientos de miles de euros.

Por ello, una vez listo el estudio, comenzará la segunda parte: la construcción de las propias infraestructuras. En este punto, las administraciones tendrán que buscar financiación a medio y largo plazo (pública y/o privada), que les permita afrontar los costes de unas 70 infraestructuras (el número exacto lo determinará el estudio). «Afortunadamente, la Diputación de Cáceres se encuentra completamente saneada, sin deudas», recuerda Beltrán, que subraya la necesidad de acometer este proyecto pese a su coste, y de adelantar los tiempos. «El objetivo es que en un margen de 5 - 8 años, la provincia tenga una depuración integral de sus aguas en todos sus municipios», señala.

Tanto la construcción como el mantenimiento futuro de las depuradoras serán responsabilidad del nuevo órgano que está creando la Diputación para recuperar la figura del Consorcio Medio XXI. «Se encuentra en fase de redacción de estatutos a fin de tenerlo listo en octubre o noviembre. Lo integrarán la Diputación y los municipios que se quieran adherir», explica Alfonso Beltrán. Dicho consorcio se responsabilizará del ciclo integral del agua, desde la captación hasta la depuración, un servicio que los municipios de pequeño o mediano tamaño no tienen capacidad de asumir. Será gestionado por la Diputación, que lo licitará a empresas del sector, posiblemente dividiendo la provincia en lotes del mismo modo que hace con las carreteras.

Mientras tanto, Beltrán se ha reunido con una veintena de ayuntamientos que ya tienen depuradoras ejecutadas por la Junta o la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que van a recibir la transferencia de su gestión. Como muchos carecen de recursos, Diputación les ha ofrecido convenios unilaterales (mientras se constituye el consorcio) para encargarse de su mantenimiento. «Ya gestionamos directamente ocho depuradoras», recuerda Beltrán. Además, existe una ordenanza que fija un precio único por depuración de aguas para los habitantes de la provincia, al que se suma un coste variable según el consumo. El futuro consorcio lo cobrará directamente al usuario, con el recibo del agua.