La Fiscalía mantiene dos investigaciones en residencias cacereñas y archiva otras cuatro

En ambos casos los familiares tienen previsto presentar sendas querellas contra los propios centros de ancianos por la gestión de la crisis sanitaria. Por esta razón, a pesar de que en la Asistida se mantienen abiertas las diligencias, el Ministerio Público ha decidido parar la toma de declaraciones hasta que se presente la denuncia en el juzgado, con el objetivo de no duplicar el trabajo (si se admite a trámite la querella el juzgado puede volver a llamar a declarar a los testigos que hasta ahora lo han hecho). La previsión del abogado que representa a los familiares, Marco Antonio Tobías, es formalizarla durante la próxima semana. El trámite se está dilatando en el tiempo porque cada vez son más los afectados que se están adhiriendo a la misma.

Desde que comenzó la crisis sanitaria la Fiscalía ha incoado seis diligencias en geriátricos, de las que cuatro ya se han archivado. Una de ellas se inició a raíz de una denuncia presentada por Vox, en la que solicitaba que se investigara la actuación en todas las residencias de la provincia (el partido formalizó la misma denuncia en todas las provincias del territorio nacional). Se archivó, según las mismas fuentes, al ser muy genérica. Otra, relacionada con la residencia de Deleitosa, se cerró al no resultar acreditada la comisión de delito alguno. Y una más en Garrovillas de Alconétar, que se decidió archivar porque ya hay incoadas diligencias en esta residencia.

Por último, una de las últimas investigaciones cerradas, en concreto el pasado 23 de junio, es la relacionada con la residencia La Hacienda, en Cáceres, según confirma la Fiscalía Provincial. En este caso el archivo se debe a la admisión a trámite, por parte del juzgado, de una querella interpuesta por la gerencia de la propia residencia contra el Servicio Extremeño de Salud (SES), responsables de la Consejería de Sanidad, del área de salud de Cáceres y de ambulancias Tenorio (este diario publicó hace unos días que el juzgado había recibido una denuncia relacionada con este centro, se trataba de esta y no de una contra ellos). La residencia les acusa de lesiones, homicidio imprudente, prevaricación y coacciones. Tal y como se especifica en la denuncia presentada, responsabiliza a los denunciados de los contagios registrados en su residencia.

Problemas con las ambulancias

Problemas con las ambulanciasEn concreto se refiere a una mujer que fue trasladada al hospital y regresó infectada (asegura que la ambulancia que la trasladó no ofreció información alguna). A otro residente que antes de salir del centro tenía PCR negativa y al regresar del hospital, habiéndole realizado la prueba «a pie de ambulancia» al llegar esta al geriátrico, detalla la denuncia, dio positivo. Y de un tercer caso que, aun siendo negativo en covid, se le envió una ambulancia que acababa de trasladar a enfermos y no se había desinfectado, añade la gestora de la residencia. Unos días después una ambulancia trasladó a dos residentes del hospital al centro juntos y sin medidas de seguridad, estando uno de ellos contagiado y el otro no. El juzgado ha solicitado ahora al centro de mayores toda la documentación e historia clínica de los ancianos (dos de ellos ya fallecidos), que no ha sido aportada. La investigación que inició la Fiscalía, no obstante, no está relacionada con estos hechos aunque se ha archivado para no duplicar tampoco el trabajo.

Por último, el juzgado también ha incoado diligencias previas en relación a la residencia Buenos Aires de Valencia de Alcántara, titularidad de la Junta de Extremadura y gestionada por el ayuntamiento del municipio. En este caso la investigación se centra en la atención prestada a una residente.