Las indemnizaciones que los 11 hosteleros condenados por el ‘caso Madrila’ deberán abonar a los vecinos sienta un precedente jurídico en España, según confirmó ayer a este periódico el abogado de la Asociación Cacereños contra el Ruido, Eugenio Cuadrado, quien aseguró que «no existen antecedentes de indemnizaciones tan elevadas por daños morales a los perjudicados», que recibirán cantidades que oscilan entre los 2.500 y los 10.000 euros.

Cuadrado estaba ayer visiblemente satisfecho tras el fallo de la Audiencia Provincial de Cáceres frente al recurso de apelación presentado por los empresarios, la exalcaldesa socialista Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 el pasado 15 de enero y por la que se les condenaba, en el caso de los políticos, a un delito continuado de prevaricación medioambiental, y en el de los hosteleros, a un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, además del pago de multas con las que resarcir a los afectados.

Cuadrado aseguró que sus defendidos «están contentos por cuanto si bien la Audiencia rebaja parcialmente algunas penas de prisión, la sentencia se ajusta a derecho y está bien fundamentada». El letrado, que gana así uno de los casos más sonados de la historia de la judicatura extremeña, subrayó que el fallo les da la razón y, lo más destacado, «no se ha modificado un céntimo de las indemnizaciones». Para el abogado, la Audiencia, además, aplica de forma adecuada la legislación vigente teniendo en cuenta el atenuante de la tardanza en la tramitación del proceso: siete años desde su inicio.

La Asociación Cacereños contra el Ruido contactó con Eugenio Cuadrado en 2011 a través de su presidente, el ya fallecido Antonio Durán, aportándole «todas las denuncias acumuladas por vecinos y miembros de la asociación, que se amontonaban por docenas. No estaban siendo atendidos. Hablamos con Fiscalía, que por aquel entonces había actuado de oficio abriendo dos expedientes. Entonces nosotros decidimos impulsar un procedimiento penal, que se inició con una querella que dio origen a este procedimiento».

Además de a la asociación, Cuadrado ha defendido a 16 vecinos especial y directamente afectados. A lo largo de estos años, el caso que más ha sobrecogido al abogado es el de una pareja que junto a su bebé tenían que dormir los fines de semana en el pasillo, sobre el suelo en posición fetal, con todas las puertas de la casa cerradas para tratar de hacer frente a las vibraciones que causaba el bar que tenían debajo de su vivienda. «Han sido casos algunos duros, y en general sorprendentes las verdaderas molestias causadas por este nivel de ruidos».

LOS HOSTELEROS / La otra cara de la sentencia es la de los hosteleros. El abogado Ángel Luis Aparicio ha sido el defensor de tres de los 11 empresarios condenados, todos ellos a dos años y tres meses de prisión. «Mi valoración lógicamente es negativa puesto que se sentencia una pena privativa de libertad que les aboca a entrar en prisión. Soy pesimista porque hablamos de dos años y tres meses».

Según Aparicio, la sentencia no ha tenido en cuenta «que el informe del Seprona no era apto para valorarlo como prueba incriminatoria y lo ha considerado carga de prueba para condenar».

Además «no ha tenido en cuenta las informaciones de los peritos de la Junta y empresas homologadas y lo único que ha tenido en cuenta la Sala es la dilación indebida para rebajar las penas de prisión uno o tres meses».

¿Qué salida les queda ahora a los hosteleros? Ángel Luis Aparicio explica que hay dos vías, una presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que dio prácticamente por descartado, otra la posibilidad de solicitar un indulto parcial al gobierno, «pero siempre apoyado por las acusaciones y el informe favorable del juzgado tramitador y pagando las indemnizaciones civiles declaradas en sentencia».

A ojos de Ángel Luis Aparicio «el panorama es realmente negro». El letrado calculó que la ejecutoria de la sentencia podría producirse a partir del mes de septiembre, fecha en la que previsiblemente los hosteleros tendrían que entrar en la cárcel. «En cuanto se declare firme la sentencia hay 10 días para hacerlo, de lo contrario se dicta una orden de detención para el ingreso en prisión».

ESPERANZA / A este respecto, el abogado de la Asociación Cacereños contra el Ruido abre una puerta de esperanza para los hosteleros al asegurar que «una de las condiciones para que en la fase ejecutoria de la sentencia un juez acuerde la suspensión de la pena privativa de libertad es que el condenado abone la responsabilidad civil, es decir, las indemnizaciones. Si pagan se pueden librar, o no, de entrar en prisión. Nosotros no queremos que los hosteleros vayan a la cárcel, no queremos hacer leña de esto, simplemente que paguen las indemnizaciones, además de las costas»; a ambas cosas están obligados por sentencia. El fallo de la Audiencia provocó ayer una oleada de reacciones en la ciudad, especialmente a través de las redes sociales, donde los hosteleros colgaron el siguiente cartel: ‘Hosteleros, no delincuentes’, misiva que también enviaron mediante correos electrónicos.