El juez excluye de la querella de Cacereños Contra el Ruido al concejal socialista Miguel López y cita a declarar en el caso Madrila a la exalcaldesa Carmen Heras y el exedil de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, el 1 de marzo. En fase de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Cáceres, el procedimiento sigue su curso con la toma de declaraciones tras el cierre cautelar decretado por la Audiencia hace nueve meses de ocho locales de copas, de los que ya han podido reabrir cuatro.

Cacereños Contra el Ruido considera que Heras y Jurado podrían haber incurrido en un delito de prevaricación medioambiental al permitir presuntamente que los pubs generaran ruidos y molestias sin poner medidas para evitarlo. El despacho Area abogados, que defiende los intereses de Cacereños Contra el Ruido, había presentado un escrito para que se excluyera a López de la querella, ya que inicialmente se le atribuyó por error la concejalía de Medio Ambiente. Area abogados confirmó ayer que el juzgado ya ha dado el visto bueno a esta petición.

LOCAL A LOCAL En este sentido, apuntaron que acudirán "a todas las declaraciones para informarse". Añadieron que "no van a hacer de momento ninguna acusación concreta" y que quieren "ver qué responsabilidad tiene el ayuntamiento que pueda eximir a los propios locales". Posteriormente, estudiarán "contra quién emprenden la acusación o no", indicaron desde el bufete.

Pero antes de que se tome declaración a Heras y Jurado también tendrán que pasar por el juzgado los representantes legales de los establecimientos de copas de la Madrila contra los que se decretaron medidas cautelares de cierre. Pasadena, Barroco y Machiavello serán los primeros el próximo 11 de febrero, según una providencia dictada por el juzgado. Seguirán el día 15 de ese mes Latinos, Down y Submarino. El día 18 le tocará finalmente el turno a los responsables de La Belle y La Cuerda --dos de los que siguen cerrados-- y al perito Javier Alonso Montero.

Los abogados de Cacereños Contra el Ruido subrayaron que también en estos casos tendrán que decidir si mantienen la misma acusación --en principio, de contaminación acústica, según se recoge en la querella--, cambian a otra o la retiran. "Queremos saber qué tipo de sanciones han recibido y si han actuado cómo tenían que hacerlo. O que ni siquiera han recibido. Paralelamente, nos hemos querellado contra el ayuntamiento por no haber hecho nada", subrayaron.

El bufete también considera fundamentales las mediciones de ruido realizadas por técnicos de la Junta, por orden del juzgado, en los pubs. "Acataremos lo que se ha hecho. No descartamos retirar la querella sobre los que no tienen denuncias administrativas", concluyeron.