La tercera convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables en Extremadura, que se abrió el pasado 1 de agosto y que está dotada con 6,5 millones de euros, ha recibido en estos dos meses 167 solicitudes que ya están en tramitación. El director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz, aportó ayer estos datos durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria correspondiente de la Asamblea para responder a una pregunta del PP sobre la gestión y concesión de estas subvenciones, que desde esta formación se calificó de «absolutamente lamentable».
Ruiz explicó que esta convocatoria parte del nuevo decreto de julio de 2018, que sustituye al anterior de 2015 y sus posteriores modificaciones, por el que se simplifica la tramitación y se amplía el abanico de beneficiarios con la incorporación de nuevas instalaciones subvencionables como las solares térmicas de concentración de media temperatura para aplicaciones industriales. Además, se amplía el plazo de ejecución de instalaciones y posible prórroga a doce meses frente a los nueve de las bases reguladoras anteriores, todo ello con el fin de ofrecer más facilidades a los solicitantes y beneficiaros, precisó. Según Ruiz, estas ayudas deben ser «eficaces y eficientes», por lo que se ha ido de la mano de las «demandas» de las entidades y empresas del sector, «legislando en favor de su utilidad», informa EFE.
Son una muestra del compromiso «inequívoco» de la Junta por el fomento de las energías renovables en una comunidad que puede «liderar la transición energética» en el país, y para lo que se ha hecho un «trabajo inmenso», traducido en mejoras de las bases, incremento progresivo de las dotaciones presupuestarias, del volumen de subvenciones y del importe concedido, remarcó. El director general argumentó que el anterior decreto fue modificado por razones de «agilidad y simplificación» para solventar ciertos «obstáculos».
Detalló que a la primera convocatoria de estas ayudas, dotada con 2,2 millones y publicada en mayo de 2015, se presentaron 635 solicitudes de las que se resolvieron favorablemente 505 expedientes por importe de un 1.080.000 millones, mientras que 130 fueron denegadas. De esas 505 concesiones, se abonaron 380 por importe de 790.000 euros (de ellos 331 expedientes por importe de 686.000 euros en 2017 y 49 por importe de 110.200 euros en 2018); en más de 100 se declaró incumplimiento; y 20 promulgaron su renuncia.
En la segunda convocatoria, publicada en diciembre de 2016 y dotada con 4,3 millones —un 93% más que la anterior—, se incluyeron dos novedades importantes en las actuaciones subvencionables: instalaciones fotovoltaicas con una línea específica para las de autoconsumo y las que aprovechan residuos para producir luz y calor.
Se presentaron 862 solicitudes y fueron resueltos favorablemente 399 expedientes por importe de 3,3 millones de euros, mientras que 463 fueron denegadas por presentar solicitud incompleta, fuera de plazo o la no existencia de crédito suficiente, como ocurrió con la nueva línea para fotovoltaicas, que se vio «desbordada», esgrimió.
UN MILLÓN DE EUROS ABONADO / De las 399 concesiones, se han abonado hasta la fecha un total de 239 expedientes por importe total de 1.036.000 euros, distribuidos en 146 expedientes por importe de 396.000 euros en 2017 y 93 por 639.000 euros en 2018. En cuanto al resto, 170 expedientes, 123 están archivados o en fase de estarlo y 47 pendientes de finalizar los trámites.
Por su parte, el diputado popular José Antonio Echávarri aseguró que el «retraso» en publicar el decreto que modificó al de 2015, unido al «retraso» en las ayudas, «perjudicó de una manera grave» a 505 beneficiarios porque realizaron una inversión sin ver abonada la subvención en los plazos inicialmente marcados.
El parlamentario criticó la «tardanza» en abonar estas ayudas, en «más de dos años», algo que, según dice, también ha cuestionado el Defensor del Pueblo; así como el «bajo nivel de ejecución», en algunos casos del «seis por ciento».
Echávarri precisó que Ruiz «no es el responsable», pues es «un recién llegado» a la dirección general, donde ha sustituido en el cargo a Olga García, ahora consejera de Economía e Infraestructuras.
Samuel Ruiz le pidió que «no desinforme» a la opinión pública, pues estas ayudas siempre se han tramitado desde «el cumplimiento de la legalidad y de los plazos que marca la norma», «sin atajos ni carpetazos», y recordó que «algunos son proyectos de gran complejidad técnica».
