La Junta de Extremadura ha recibido hasta el pasado viernes 163 reclamaciones por opositores perjudicados por la fallida convocatoria del examen de ATS-DUE que tendría que haberse celebrado el 2 de octubre y que no se llevó a cabo por problemas en el fotocopiado de los exámenes.
La directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, ha dado a conocer estos datos en su comparecencia a petición propia en la comisión correspondiente de la Asamblea de Extremadura, que el PP cree "llega tarde" y carece de sentido teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que esta prueba ya se ha resuelto.
La directora general ha recordado que a esta prueba estaban llamados 2.879 aspirantes, aunque se presentaron 963 y ha señalado que hay un plazo de un año para presentar estas reclamaciones, por lo que "están entrando con cuentagotas".
No obstante, ha precisado que las reclamaciones presentadas, tanto el día de la prueba como en el formulario que se facilitó posteriormente, se centran sobre todo en que se les indemnicen los gastos de desplazamiento.
Carmen Vicente ha indicado que en su mayoría los que se presentaron a la prueba eran extremeños, aunque si hubo algunos que se desplazaron desde Valencia, Andalucía, Madrid o Palma de Mallorca.
También ha explicado que la Junta de Extremadura ha solicitado a un órgano externo una información reservada para determinar las posibles responsabilidades del tribunal, bien como órgano colegiado o a nivel individual, y de la dirección general.
"Si algo está mal hecho, mal supervisado o no se ha dotado bien de medio al tribunal para la elaboración de los exámenes, se puedan mejorar los procesos y asumir responsabilidades si las hubiere", ha dicho.
Sin embargo, ha rechazado, como se había apuntado desde el PP, que se esté "criminalizando" a los tribunales y ha puesto como ejemplo que en esta legislatura se han realizado ya 97 pruebas selectivas, y por un caso como este, "que es grave", no se puede oscurecer la labor de los mismos.
A su juicio, "es muy fácil criticar" cuando durante el gobierno del PP no se llevó a cabo ninguna prueba selectiva y también ha rechazado que los aspirantes tengan miedo a denunciar o que haya persecución, ya que estos cada vez conocen mejor sus derechos y los procedimientos y así se pone de manifiesto con los recursos que se presentan.
Para la directora general, en ningún caso se puede hablar de responsabilidad política "por errores en el fotocopiado o precintado de los exámenes", ya que sería como pedir la dimisión del consejero de Sanidad por el error que pueda cometer un profesional médico en el desarrollo de su trabajo.
Tanto la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, como la del PP, Eva Pérez, insistieron en la necesidad de que haya responsabilidades políticas, además de que los populares creen que no se trata de un hecho asilado "ni fruto de la casualidad" y reclama la necesidad de que la administra "esté encima" y supervise las pruebas.
Sin embargo, para la diputada del PSOE María de los Angeles Ugalde, "no hay escándalo" y la actitud de la Junta ha estado caracterizada por "la celeridad, la diligencia, la pulcritud y la objetividad
