"Entiendo que estamos en una crisis durísima, y que nos afecte. Lo que no entiendo es que no se den cuenta de que nos arruinan, que no nos den alternativas ni negocien, que lo hagan por la vía del decreto ley", lamenta José Antonio Romero. Este ingeniero técnico industrial invirtió 825.000 euros en dos plantas en Talavera la Real y Lobón, que arrancaron en el 2008. Ha pasado de un Tasa Interna de Retorno (TIR) de entre el 8% y el 12% "a una situación de pérdidas reales del 30%". "Todos los meses tengo que poner dinero para pagar el préstamo al banco porque no me llegan los ingresos", asegura. "No son conscientes de que muchos han puesto aquí su patrimonio", critica.

Además de estas plantas, Romero también ha promovido otros proyectos a través de su empresa. "Mis clientes invirtieron de acuerdo a un decreto ley que establecía una determinada rentabilidad. Lo que no pueden hacer ahora es decir 'me confundí'. Las primas las puso el Gobierno, no los inversores", sostiene. "Aquí hay metido muchísimo pequeño inversor, que ha destinado sus ahorros, 30.000 o 40.000 euros, para comprar un trocito de parque y que los han perdido porque ¿quién va a comprar ahora un instalación que no tiene garantizado sus ingresos?".