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CRITICA LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

El PP exige garantizar el derecho de los padres a elegir centro educativo

Llevará una propuesta de impulso al próximo pleno de la Asamblea

 

EFE MÉRIDA
21/11/2019

El Grupo Popular en la Asamblea extremeña exigió ayer una financiación «suficiente» para la educación concertada, así como que se garantice el derecho «legítimo» de los padres a elegir centro, proyecto educativo y enseñanza religiosa para sus hijos. Estas demandas las ha plasmado en un propuesta de impulso que llevará al Pleno de la Cámara y que ayer fue presentada en rueda de prensa por su portavoz de Educación, Pilar Pérez. Con esta iniciativa instarán, además, a la Junta a exigir al Gobierno de España que rectifique las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en las que afirmó que la libertad de elección de centro no emanaba de la Constitución.

Asimismo, reclaman que se promueva de manera efectiva «una oferta educativa plural», algo que pasa en primer término por una financiación «suficiente» de la concertada, y que el Gobierno se siente con el sector y convoque la mesa sectorial de la concertada.

TAMBIÉN DENUNCIA RECORTES / Pilar Pérez acusó también al Ejecutivo regional de realizar «recortes sistemáticos» de unidades en los centros educativos concertados de la región en los últimos cinco cursos con presupuestos «insuficientes» para atender las necesidades y «discriminaciones sistemáticas» de sus docentes y alumnos.

La diputada del PP aseveró que los padres son los «primeros y principales» responsables de la educación de sus hijos, por lo que ni el Estado ni el Gobierno pueden sustituirlos en esa función, y tampoco «coartarlos o extorsionarlos» porque se trata de un derecho «inalienable» de las familias.

En esta línea, la portavoz de Educación del grupo popular insistió en que los progenitores tienen el derecho a elegir el tipo de centro educativo que quieren para sus hijos, así como la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones, tal y como establece, según defendió ayer, la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

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