El otoño será caliente entre los jueces británicos y el primer ministro, Tony Blair. Los más altos magistrados del país han advertido que no se dejarán intimidar por las nuevas medidas antiterroristas presentadas ayer por el Gobierno en el Parlamento. El proyecto de ley que Blair pretende sacar adelante otorga poderes extraordinarios a la policía para detener e interrogar a quienes consideren sospechosos de planear actividades terroristas.
Las detenciones policiales, que hasta ahora son de dos semanas como máximo, podrán prolongarse hasta tres meses, aunque no haya pruebas ni cargos.
Lord Phillips de Worth Matravers, que acaba de estrenarse como máximo jefe del sistema judicial, advirtió el martes de que el Gobierno no debe tratar de "intimidar" a los jueces con las nuevas regulaciones. Sería "completamente inapropiado", afirmó, que un político trate de presionar a los magistrados.
Blair insiste en que es su deber "proteger a la gente de este país". "Garantizar su derecho a la seguridad y a la vida es algo prioritario", dijo ayer en la Cámara de los Comunes, al defender un proyecto que amenaza con romper el consenso político en materia de terrorismo. Los liberal demócratas se oponen al nuevo plazo, que los conservadores también consideran excesivo.
El propio experto legal encargado por el Gobierno de revisar la legislación, Lord Carlille de Berrie, ha manifestado su "preocupación" ante esta fórmula policial y ha pedido que se imponga "un sistema de control mucho más estrecho".
