Alguna vez tenían en cierta manera que romperse las costuras, y ha sucedido. El Gobierno regional ha decidido aplicar esta semana en sus términos el acuerdo con los sindicatos de funcionarios y poner sobre la mesa que no hay dinero para tanto. El sueldo subirá un dos por ciento, sí, pero no hay para mantener una jornada semanal reducida en horas de clase para los profesores, ni para pagar un nivel nuevo de carrera profesional en oficinas y Servicio de Salud.
Las cuentas se le han desbocado a la Hacienda regional y las primeras previsiones dicen que el año pasado sufrió un déficit presupuestario del uno por ciento del producto interior bruto, diez veces más de lo autorizado por los acuerdos Bruselas-Madrid, en el traslado que el Gobierno nacional hace a las autonomías de los pactos europeos.
Las comunidades son el patito feo del conjunto gastos-ingresos públicos y así presentan los peores datos de déficits, agravados en Extremadura por una escasez de actividad económica de la que son pruebas lo reducido de nuestro PIB per cápita -acaban de salir los datos europeos y solo superamos a Melilla, Ceuta y el resto de autonomías por encima--, unas cifras de paro y subempleo que no mejoran, y un éxodo triste de nuestros jóvenes a mejores lugares.
Los ayuntamientos en general presentan mejores números que las comunidades y sobre todo más competencias fiscales, en tributos tan potentes como el IBI, todo lo relacionado a las licencias de obras y urbanísticas, el mundo del automóvil (rodaje, vado, zona azul); las diputaciones, por lo menos las que tenemos cerca, Badajoz y Cáceres, registran superávit..., mientras que los déficits de la Junta no dejan de crecer arrastrados por una sanidad sobre la que el presidente Fernández Vara y el vicepresidente y consejero José María Vergeles claman, pero España es un vacío sin eco.
Tras los recortes del Gobierno de Rajoy y aquellos años del ministro Montoro y al borde de la intervención, los empleados públicos han recuperado un buen número de derechos según admiten los sindicatos, y en 2018 cuando ya había mejorado la economía y en las postrimerías de ambos dirigentes se firmó un acuerdo trienal con los representantes de los trabajadores, que luego se trasladó con firmas territoriales en las comunidades.
El cumplimiento de aquellas medidas, que se hicieron efectivas en 2018 y 2019 de la forma progresiva prevista, se ha trastocado en lo que respecta a Extremadura ahora mismo. Tanto en el acuerdo marco nacional, como en el autonómico firmado en cada lugar, las mejoras estaban condicionadas a la salud presupuestaria de la Hacienda respectiva y aquí el virus es cada vez más profundo, con al menos 200 millones de euros de más que se lleva la sanidad, el SES, restándolo de otras partidas sociales, o culturales, como reveló el presidente Vara.
La Hacienda extremeña no ha tenido más margen. Las disputas internas entre comunidades también están influyendo, pues desde otras más saneadas, pero con los profesores públicos dando 20 horas de clase semanales, se pone como mal ejemplo el de Extremadura, con desfases económicos importantes, pero en la que ya se había recuperado el objetivo de 18 horas lectivas, por lo que los docentes deberán dar el año que viene una más, 19, dejando de contratar así a los 230 interinos que están trabajando durante el curso actual.
Los profesores mantienen una carrera profesional, mediante complementos, que ni siquiera Rajoy recortó, pero se aplazará ahora el pago de las que se habían prometido a Administración general (oficinas) y Servicio de Salud. Todos cobrarán al menos un dos por ciento más con efecto retroactivo desde enero, y según vaya el presupuesto regional Junta y sindicatos irán analizando la posibilidad de esas dos mejoras.
No hay más juego, señores. Se dice cuando el asunto no da para más. El déficit no puede seguir aumentando, o te intervienen, y entonces es mucho peor; además de frustrante para el colectivo, resultaría políticamente explosivo. La Junta se ha tenido que guardar esas promesas electorales.
*Periodista.
