TSte ha dicho que el código civil sirve para permitir que los ricos roben a los pobres, y el código penal para impedir que los pobres roben a los ricos. Este pensamiento, que parece una máxima extraída de la gramática parda de la vida, coincide con la opinión bastante extendida de la injusta aplicación de muchas leyes. De hecho, la conciencia popular está convencida de que las normas más represoras sólo se aplican en contra de las clases menos favorecidas y que las clases económicamente pudientes suelen eludirlas.

Esta idea es una realidad que, si no de forma generalizada, suele darse en más casos de lo que sería deseable, porque el que dispone de recursos patrimoniales puede contar con asesoramiento sobre la forma más ventajosa de interpretar y aplicar la ley. Ello, cuando no es la propia ley la que contempla exenciones, amnistías o privilegios pensados para unos cuantos.

Tradicionalmente se ha considerado clase dominante aquella que controla el capital. Mas, ahora, por mor de la relajación de los valores en la política, ha emergido una nueva clase que se corresponde con la alta jerarquía de los partidos y que ejerce un control sobre el poder legislativo y ejecutivo, por lo que a veces se cree investida de patente de corso. La clase capitalista cuenta con sociedades interpuestas, sicav, testaferros, amnistías fiscales y Suiza. La clase dirigente de los partidos políticos tiene privilegios como el menor tiempo para el devengo de pensiones de jubilación, exclusiones de parte de ingresos en el impuesto de la renta, sobresueldos, indemnizaciones por razón del trabajo, servicios gratis- y Suiza. Y, cuando incurren en alguna responsabilidad penal, indultos.

El pueblo llano se queda con los recortes, el pago de impuestos, la privatización de la sanidad, el desempleo y el deterioro del Estado del bienestar. A pesar de todo, los ciudadanos están dando un ejemplo encomiable de sentido común y de responsabilidad. Pero ya, como grafitearon los del Mayo francés del 68, "ça saigne" (esto sangra).