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La intolerancia de la Iglesia

Es intolerable que la jerarquía de la Iglesia católica se entrometa en las decisiones democráticas y que promueva campañas con los mismos fondos que recibe del Estado.

El mundo parece estar al revés.La Iglesia en vez de dedicarse a procurar que los pobres tengan para comer, influir para que no haya guerras, evitar que no haya iglesias con más categorías o caché que otras, rezar para que los ataques sucesivos y bárbaros contra Irak no vuelvan a cometerse, para que en la educación no haya diferencias por razones de origen etc.., se dedica a hacer propaganda política desde los púlpitos. En vez de predicar la doctrina de la Iglesia católica a quien la quiera escuchar emplean su mucho tiempo a hacer campañas contra las reformas sociales del gobierno, primero contra el casamiento de los homosexuales, después contra la ampliación de la ley del aborto, más tarde contra la erradicación de religión como materia evaluable en las escuelas, contra la investigación con células madres, contra la eutanasia que aún ni ha sido contemplada por este gobierno, contra la paridad, y ahora contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Es intolerable que la jerarquía católica se entrometa en las decisiones democráticas y que promueva campañas con los mismos fondos que recibe del Estado. Es inaudito que presionen hasta el punto de repartir pasquines y propagandas en las iglesias. Ahora con más motivos que nunca se debe revisar el sistema de subvenciones públicas a quienes en vez de hacer política presentándose a las elecciones se aprovechan de sus sotanas y oratorios para atacar a quienes han sido elegidos de forma democrática, precisamente por ciudadanos que están a favor de todas esas medidas que además de favorecer a la gran mayoría nos iguala.

EL GOBIERNO está completamente legitimado para llevar a cabo su programa electoral, ese mismo programa con el que se ganaron las elecciones. Una cosa es que la Iglesia también esté legitimada para expresar su opinión y otra que quieran influir en cuestiones propias del gobierno de la Nación, llegando incluso a manifestarse. Jamás les hemos visto manifestarse por el hambre que asola al mundo, ni por las injusticias, ni por la crueldad de las guerras, ni porque en los colegios concertados el ingreso de niños inmigrantes es un dieciocho por ciento mientras que en los públicos es de un ochenta y dos. Por el contrario se manifiestan contra los derechos de los ciudadanos que conviven en un país democrático, para los que las reglas deben ser las mismas, para que esos derechos que se encuentran en la Carta Magna que un día aprobamos se hagan realidad sin distinciones de color, ni sexo, ni religión. La mayoría de los ciudadanos aprueban el matrimonio de homosexuales, la nueva ley del divorcio y cuantas medidas sirvan para mejorar la sociedad, haciéndola más libre y más igualitaria. Las reformas sociales de Zapatero han sido muy bien acogidas por los españoles, más del 61% están de acuerdo con la legalización de los matrimonios homosexuales y sólo el 30% está en contra. La nueva ley del divorcio, que agiliza los trámites e introduce la custodia compartida, es apoyada por el 72% de los encuestados. Casi el 70% considera además que es el juez el que debe tener la decisión sobre la custodia de los hijos cuando no haya acuerdo entre la madre y el padre.

También es mayoritario el porcentaje de españoles que apoya que la religión no sea obligatoria ni computable en el sistema educativo. Por lo tanto, no se deben consentir la permisividad frente a esos discursos rancios y autárquicos que practican tan a menudo en recintos que son de todos, aunque se reserven con tanto celo el patrimonio con el que cuentan muchos de ellos y de los que, por cierto, no pagan impuestos al erario público. Son muchos los ciudadanos, incluso adeptos a esa jerarquía, que no entienden el ataque ni la falta de respeto al gobierno democrático de España, ni hacia los ciudadanos que ven con buenos ojos y con esperanza estas reformas sociales y educativas.

Por otra parte, ya que no están de acuerdo con la actuación del gobierno en todos estos asuntos, que sean coherentes y no esperen, que renuncien inmediatamente a la financiación que obtienen por parte del Estado, que dejen esos fondos que serán seguramente más provechosos para otras capas de la sociedad más desfavorecidas. Que sean consecuentes con lo que predican. La sociedad civil ya está cansada de respetar todas las normas de la Iglesia, incluido su celibato, para que ellos quieran imponer su voluntad también en lo que no les corresponde.

*Responsable de la Secretaría de Políticas para la Igualdad en el PSOE de Badajoz

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