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El Periódico Extremadura

Alfredo Aranda Platero

Tribuna abierta

Alfredo Aranda Platero

Descomisionados

O la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica

Sin negociar. Sin compensar. Sin, ni siquiera, avisar previamente. Así impuso la Consejería de Educación la drástica reducción de las comisiones de servicio de carácter general, exigiendo unas condiciones leoninas que impedirán que un gran número de docentes tenga acceso a este tipo de comisión de servicio. 

El tener que acreditar una permanencia ininterrumpida en el puesto de destino definitivo desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022, por imposición unilateral de la Consejería de Educación, para poder tener acceso a las comisiones generales, es una condición muy difícil de cumplir y terminará no solo por impedir que muchos docentes puedan solicitarlas, sino que también todos los que actualmente están ocupando una comisión de este tipo no puedan renovarla; danto al traste, de esta manera, con la conciliación de la vida familiar y laboral de los docentes excluidos.

Esto es muy grave porque no hay compensación, al menos de momento. Una de dos: o la Consejería de Educación deja de recortar comisiones de servicio o convierte plantilla funcional en orgánica, para que así los docentes puedan tener la oportunidad de acercarse a su lugar de residencia a través del concurso de traslados; dado que un docente no pide una comisión de servicio por capricho, sino que lo hace por necesidad. No se puede «jugar» con la necesidad de la personas, no se las puede empujar al precipicio y abandonar a su suerte. Un político, una política, no puede hacer eso, porque las comisiones de servicio, a falta de plantilla orgánica suficiente para poder concursar con posibilidades, son un alivio para infinidad de casuísticas personales y, por tanto, la Consejería de Educación debe tener la empatía y la humanidad suficientes para comprender que con esta decisión está haciendo un daño gratuito a los docentes. 

No acertamos a comprender el interés de la consejera en empeorar nuestras condiciones laborales y en alimentar esa desafección que parece tener con los docentes, esa obsesión en presentarse cómo la «ultraliberal» Margaret Thatcher española, adoptando aquello de «No soy una política de consenso. Soy una política de convicciones». No se da cuenta de que la intransigencia termina siendo la tumba política de quien la ejerce. 

Siempre la negativa como forma de proceder: negarse a actualizar los sueldos de los docentes extremeños, de los peor pagados de España; negarse a debatir sobre la carrera profesional docente; negarse a negociar el calendario escolar, ninguneando a los sindicatos; negarse a negociar los currículos de desarrollo autonómico de la LOMLOE; negarse a dar los mismos días de asuntos propios remunerados que ya disfrutan el resto de los sectores funcionariales de la Junta de Extremadura… La lista es larga.

Si alguien en el gobierno de Extremadura no hace algo por parar este sinsentido, vamos a llegar a un punto de no retorno. Nos pondrá a los sindicatos en la tesitura de tener que romper total y definitivamente las relaciones con la Administración Educativa y emprender acciones como las de dejar de ir a las mesas técnicas y sectoriales que se están convirtiendo en la antítesis de lo que deberían ser. 

Desde PIDE mantenemos la convicción intacta de que la negociación, si hay voluntad de llegar a acuerdos, es una herramienta para avanzar en conquistas sociales. Siempre ha sido así, pero la Consejería parece sentirse, últimamente, más cómoda imponiendo que negociando. Aún podemos tender puentes, podemos encontrar espacios de entendimiento con las autoridades educativa, por el bien de los docentes que trabajan en Extremadura. No hay tiempo que perder, pongámonos manos a la obra.

*Vicepresidente del sindicato PIDE

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