“Me gustas Constitución porque estás como ausente”. Utilizo el famoso primer verso del poema número 15 de Pablo Neruda, como ya hizo Javier Krahe con la palabra democracia, para señalar que, quienes se dan más golpes de pecho en defensa de nuestra carta magna, se la están saltando a la torera al plantear una especie de tómbola fiscal simplemente para contentar a los suyos.
Creo que en este debate de regalos tributarios para cayetanos todo el mundo se olvida, principalmente quien lo propone, de que la Constitución Española en varios de sus artículos deja muy claro que nuestro sistema fiscal está inspirado en los principios de “igualdad” y “progresividad” y proclama que “todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica”.
Lo dice bien clarito el artículo 31, mientras que en el 40 se incide en que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. Conviene recordarlo.
En un país en el que las rentas del trabajo tributan más que las rentas de capital y en el que la clase media es la que sostiene fundamentalmente el estado del bienestar, medidas como la eliminación del impuesto de Patrimonio tiran por tierra el espíritu que la Constitución da al sistema tributario como instrumento para redistribuir riqueza a la hora de costear el gasto público.
Se ve que quienes llevan la banderita de España en sus pulseras y a la primera de cambio te acusan de independentista, comunista o filoterrorista por no compartir esta noción simple y primaria del patriotismo, se suelen quedar con el artículo 4.1 de la Constitución y poco más.
Acabamos de pasar una pandemia en la que se ha puesto de relieve como nunca la importancia de contar con unos potentes servicios públicos, pero ahora, a un año de los comicios generales y a menos de los autonómicos y municipales, todo ese discurso se ha desvanecido y parece que a los políticos solo les interesa el dinero que los ciudadanos tengan en sus bolsillos, como no se cansan de repetir en una cantinela cansina, electoralista y huérfana de toda responsabilidad y pedagogía política.
Ya nadie se acuerda de los aplausos a las ocho, de cuánto han costado las vacunas que han servido para inmunizarnos contra la covid 19 o del coste diario que tiene un paciente en UCI, algo inasumible para la inmensa mayoría de familias de no contar con un sistema público de salud. Si tenemos acceso a ello, es gracias a los impuestos que pagamos, que nos permiten a todos recibir mucho más de lo que aportamos, pero ese razonamiento se diluye “como lágrimas en la lluvia” a un año de meter la papeleta en las urnas y lo que prima es el pajarito en mano de los euros en el monedero.
Mi patriotismo y el de muchísimas otras personas que no necesitamos llevar la bandera en una pulserita es la sanidad y la educación de todos
Tenemos unas reglas de juego claras que se plasman en la Constitución, por ello, además de no ser de recibo, es que no tiene ninguna lógica perdonar a los ricos andaluces 900 millones de euros del impuesto de Patrimonio y acto seguido pedir 1.000 millones al Gobierno para combatir la sequía, es decir absolver a los que más tienen para rogar por los que más lo necesitan. Pura contradicción, la misma que se materializa en que vayamos a recibir de Europa 140.000 millones de euros y nos pasemos por el forro las recomendaciones de Bruselas en contra de las rebajas fiscales de “sobraos” que nos estamos marcando por aquí.
Mi patriotismo y el de muchísimas otras personas que no necesitamos llevar la bandera en una pulserita es la sanidad y la educación de todos, los servicios y el gasto público que nos protege y nos ampara; y se trata, no solo de ideología, sino de respeto a las reglas del juego que nos hemos dado.
Pertenezco a esa generación de españoles que fueron los primeros universitarios de sus familias gracias a una joven democracia que nos dio oportunidades. Precisamente por ello, porque soy consciente de que lo que eso significa, me parece una absoluta obscenidad que simplemente alguien pueda plantearse que lo justo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es repartir el dinero que es de todos, no suyo, para ayudar a las familias con rentas de más de 100.000 euros al año a que sus hijos estudien en centros privados y exclusivos.
¿Dónde está el espíritu de la Constitución en estas medidas? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo sinceramente no lo veo por ningún lado. Está completamente ausente, como la amada de Neruda cuando calla, “distante y dolorosa, como si hubiera muerto”.
*Periodista
