En marzo de 2015 salió a la luz el libro ‘Banca Catalana: Caso abierto’. El autor, Pere Ríos, profundizaba en las entrañas de un proceso por corrupción iniciado en 1984 por el Fiscal General del Estado, Luis Burón Barba, impulsado durante más de un lustro por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, y finalmente sobreseído el 14/03/1990.
Las acusaciones contra Pujol fueron por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. En su libro, Ríos concluye que el líder catalán cobró 109 millones de pesetas en dividendos ilícitos y acciones vendidas a una sociedad instrumental. La quiebra de Banca Catalana le costó al Estado español —puede considerarse el primer gran «rescate bancario»— 345.000 millones de pesetas. Arruinó a miles de familias.
El 24/02/2005 se celebraba un pleno del Parlamento de Cataluña sobre el derrumbamiento causado por las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona, durante el segundo año de mandato de Pasqual Maragall como presidente. Maragall, para defenderse de las acusaciones de Convergència i Unió, le replicó a Artur Mas: «Ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento». Esta afirmación metía en el debate institucional el contenido de un editorial previo de El Periódico de Cataluña: «Llega la hora de investigar, por ejemplo, si todo lo que se dice en Catalunya sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grueso del encofrado o en el número de prospecciones en las obras del Carmel».
Del ámbito político pasó al judicial. El 16/12/2005, el fiscal José María Mena abrió diligencias sobre Adigsa, empresa pública catalana que gestiona la vivienda social. El «Caso Adigsa» se extendió hasta 2017, cuando el empresario Juan Antonio Salguero —que reconoció haber pagado comisiones de hasta el 20%— fue condenado a, entre otras penas, dos años de cárcel, al igual que otros acusados por prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
Diferentes investigaciones cifran en 3.000 millones el capital que la familia Pujol llegó a mover
El «Caso Adigsa» fue la primera de las muñecas rusas del «Caso 3%» que, a día de hoy, sigue abierto. El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se impusieran penas de más de 21 años de cárcel para los acusados, fundamentalmente Andreu Viloca (ex tesorero) y Germà Gordó (ex gerente). El fiscal José Grinda habla de «organización criminal» y deja claro que Pujol y Mas mantuvieron «en marcha una estructura para financiar a este partido político [Convergencia Democrática de Cataluña] ilegalmente y en forma encubierta». El escrito de acusación se refiere específicamente al periodo 2008-2015. Jordi Pujol fue presidente del partido hasta 2012, cuando le sucedió Artur Mas. El «Caso 3%», pues, evidenciaría la continuidad corrupta del partido fundado por Pujol el 17/11/1974 y que ha sido hegemónico en Cataluña durante casi todo el periodo democrático.
En el marco de todas estas investigaciones (diecisiete años ya), Jordi Pujol hizo público un comunicado el 25/07/2014 en el que reconocía que «lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esta herencia [de su padre, Florenci Pujol i Brugat]», «un dinero ubicado en el extranjero —diferente del comprendido en su testamento—» que algunos medios colocaron en Andorra y cifraron en cuatro millones de euros. En ese mismo comunicado, Pujol reconocía beneficiarse de la llamada «amnistía fiscal» aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. También en ese mismo escrito, asumió que aquella operación «contaminó directamente a mis siete hijos y mi esposa».
Diferentes investigaciones judiciales y periodísticas cifran en 3.000 millones de euros el capital que la familia Pujol llegó a mover antes de empezar a ser investigada, de los cuales hasta 1.200 podrían haber sido dinero líquido del que disponían libremente.
Pujol fue presidente de Cataluña durante 23 años (1980-2003), siendo un apoyo fundamental para sostener los gobiernos sin mayoría absoluta de Felipe González y José María Aznar. Según una encuesta hecha pública el pasado miércoles 9 por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalidad, el 42% de los catalanes apoya el legado de Jordi Pujol i Soley.
*Licenciado en CC de la Información
