El joven de Plasencia Pablo Andrada Sevilla no podrá recibir de momento el tratamiento para la Neuropatía Óptica de Leber que padece salvo que se lo costee él mismo y cuesta unos 4.000 euros al mes. El motivo es que el Servicio Extremeño de Salud ha recurrido la sentencia que le condenó a financiar el medicamento prescrito por su neuróloga y que, según un informe forense, es el único aprobado actualmente por las autoridades sanitarias.
El SES ha motivado su recurso a la sentencia dictada por el tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Mérida en que se trata de "un medicamento con resolución expresa de no financiación por parte del Ministerio de Sanidad y, como Comunidad Autónoma, no tenemos competencia para financiarlo con dinero público".
Además, señala que "los excluidos expresamente de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud suele ser por ser medicamentos banales o que no han demostrado eficacia".
49 pacientes ya tratados en España
Sobre la financiación, la magistrada-juez que dictó la sentencia, argumentó que "el tratamiento de RAXONE se instauró en nuestro país el 12 de noviembre de 2012 y desde entonces, han sido 49 los pacientes tratados con el mismo, resultando ser de este último año 2022 los tres últimos pacientes a los que se les está suministrando -según una certificación emitida por el Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios- y que sólo tres de esos 49 tratamientos prescritos desde 2012, lo han sido por la sanidad privada, ergo 46 tratamientos han sido prescritos por la sanidad pública".
En cuanto a la eficacia, el informe forense encargado de oficio apunta que, "en función del tiempo transcurrido desde la aparición de síntomas y las células retinianas afectadas, este fármaco puede promover la recuperación de la visión con pacientes con pérdida visual".
Por todo, el juzgado condenó al SES por vulnerar el derecho a la integridad física y la igualdad de Pablo Andrada Sevilla. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura será quien decidirá si da la razón a la magistrada del Contencioso Administrativo o al SES.
