El ayuntamiento prestará, a través del IMAS, un servicio de asesoramiento y asistencia jurídica a personas que han adquirido viviendas sociales y estan perjudicadas por las cláusulas suelo, precisamente al ser «familias con escasos recursos y dificultades para acceder a los servicios de abogados», precisó el portavoz municipal, Rafael Mateos. Se trata de 119 viviendas sociales afectadas, cuyos contratos de compraventa se suscribieron con el ayuntamiento en 1988, pero cualquier persona con necesidad puede solicitar la ayuda. El precio de estas casas oscilaba entre los 14.660 y los 25.500 euros y el coste mensual de las hipotecas varía entre los 55 y los 95 euros. Si no se llegara a un acuerdo, el consistorio pondrá a disposición de las personas el servicio jurídico municipal gracias a un convenio con el Colegio de Abogados.
