El titular del juzgado de Instrucción número 4 ha denegado la petición realizada por la alcaldesa para que el magistrado adelantara la fecha de su declaración, prevista para el próximo 14 de enero. Según ha podido saber este periódico, el juez ha justificado su negativa en el gran número de casos que lleva actualmente el juzgado y que impiden encontrar otra fecha anterior para una declaración que se presupone será larga dado que tendrá que responder de todas las obras investigadas.

Por tanto, Elia Blanco tendrá que presentarse en el juzgado y ante el juez el próximo día 14 de enero a las nueve de la mañana para responder a las preguntas del magistrado y de las partes sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras municipales que se camuflaron presuntamente como menores para adjudicarlas de forma directa a Romero, pero que por la acumulación de facturas fueron en realidad obras mayores que debían haberse sacado a licitación.

Desde el primer momento, han sido cuatro las obras investigadas: el aparcamiento de La Isla, obras en la piscina climatizada; de mantenimiento en la ciudad deportiva y la pista de motocross. Pero, a mediados de mes, el abogado del PP presentó ante el juez nueva documentación sobre tres obras más: el campo de fútbol de Los Pitufos, la pista semicubierta de La Data y obras en la margen derecha del polígono industrial.

A raíz de esta nueva documentación, el juez solicitó información tanto al interventor como al secretario municipal y, según ha podido saber este periódico, esa nueva documentación ya está en poder del magistrado.

OBRAS POR 460.000 Al igual que en las cuatro primeras obras, también en estos casos hay una acumulación de facturas por cantidades inferiores a los 50.000 euros, pero que suman entre las tres un global que supera los 460.000 euros.

Datan del 2007 --antes y después de las elecciones-- y del 2008 y en la documentación que ya manejan también las partes aparecen las firmas de los ediles Enrique Tornero (edil de Deportes), Mónica García (concejala de Obras hasta mayo del 2007), Blas Raimundo (concejal de Obras desde junio del 2007) y Pablo Sánchez del Mazo y Francisco Barbancho, concejales de Hacienda antes de las elecciones, el primero, y después, el segundo.

También aparecen observaciones del interventor municipal en el mismo sentido que en las primeras cuatro obras investigadas, es decir, en las que advertía de la acumulación de facturas y de la obligación por ley de sacar las obras a concurso público.