El exalcalde de Berlanga niega que se falsearán datos contables para justificar dos despidos

No se falsearon datos contables del Ayuntamiento de Berlanga para fingir su quiebra económica y justificar así el despido de dos trabajadores, sino que se prescindió de estos empleados a consecuencia del Plan Económico Financiero que se vieron obligados a elaborar para equilibrar las cuentas municipales. 

Es lo que este martes aseguró ante el tribunal el exalcalde socialista de Berlanga, Vicente Barragán, que gobernó la localidad entre 2011 y 2015, en la primera sesión del juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Badajoz por falsedad documental y prevaricación. Junto a él se sientan en el banquillo, acusados de estos mismos delitos, otras siete personas: Juan Manuel Ortiz, concejal durante el mandato de Barragán y alcalde hasta el pasado 28 de mayo, otros tres concejales del PSOE, además de la secretaria-interventora y el tesorero municipal. La fiscalía y las acusaciones particular y popular (que ejerce Izquierda Unida) piden para ellos penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Los hechos que se juzgan se remontan a 2011, cuando Barragán era alcalde y Ortiz, primer teniente de alcalde. Según la fiscalía, el tesorero creó un apunte contable falso para la autorización, disposición y ordenación de pago por importe de 826.000 euros para construir «una supuesta» residencia de mayores en el municipio, que se iba a financiar con una subvención de la Diputación de Badajoz y la herencia que una vecina había dejado al ayuntamiento. El ministerio público sostiene que el alcalde y sus concejales aprobaron en pleno la liquidación del presupuesto de 2010, firmada y fiscalizada por la secretaria-interventora, «a sabiendas" de que contenía este apunte contable falso, que incrementaba las obligaciones de reconocidas de pago por el ayuntamiento y que provocó un desequilibrio presupuestario, lo que llevó a elaborar el plan económico financiero que incluyó el despido del director de la radio municipal y del maestro de la villa, que acababan de obtener sus plazas por concurso oposición.

Ambos llevaron a los tribunales sus despidos, que fueron declarados improcedentes. A raíz de la investigación se descubrió la supuesta manipulación de las cuentas, por lo que los concejales de IU, que había gobernado antes tras una moción de censura al PSOE, llevaron el caso a los juzgados.

El tesorero, que fue el primero de los acusados en declarar, aseguró este martes que cuando se incorporó a su puesto, entre las elecciones de 2011 y la toma de posesión de Barragán y su equipo, con José Custodio, de IU, aún como alcalde en funciones, la contabilidad ya era «un casos» y no estaba al día. Fue en ese periodo cuando, según relató, introdujo el presunto dato contable falso del que surge esta causa judicial «por orden» del anterior secretario- interventor municipal. «Me dijo que lo contabilizara, no vayan a venir estos cabrones y lo cojan. Yo solo lo registré», relató. 

El tesorero también explicó que de la cuenta donde se encontraban 385.000 euros de la herencia de la vecina con los que se iba a financiar el 50% de la residencia de mayores, se utilizaron 85.000 euros para el pago de gastos corrientes, mientras que 300.000 se pusieron a plazo fijo y se vincularon a un préstamo de 525.000 euros. «Esa cuenta, por orden de Custodio, se dejó con 525 euros», señaló. 

Por su parte, los exalcaldes afirmaron durante su declaración que, tanto ellos como la secretaria interventora imputada, que se incorporó posteriormente a este puesto, desconocían el presunto apunte contable falso hasta que fueron demandados y que habían firmado la liquidación del presupuesto de 2010 sin revisarla, porque tenía el visto bueno técnico. Asimismo, señalaron que se vieron obligados a tomar medidas «desagradables» para sanear la situación económica del ayuntamiento. «Había muchos proveedores llamando a la puerta y teníamos el gran problema de no poder pagar las nóminas», recordó Barragán. 

Nuevas contrataciones

Tanto él como Ortiz defendieron que se pusieron en marcha muchos ajustes para reconducir el déficit (reducción del horario del alumbrado público, subida de todas las tasas municipales, disminución de los gastos en festejos), pero no fueron suficientes y optaron por «prescindir de trabajadores que no eran esenciales», no solo de el director de la radio y del maestro de la villa, también de un monitor deportivo, un ordenanza del colegio y personal de los pisos tutelados, según enumeraron. Las acusaciones particular y popular, sin embargo, entienden que los despidos respondieron a la animadversión que sentían por estos trabajadores, pues poco después se contrató a dos personas, contrataciones que reconoció el exalcalde.

En cuanto a la residencia de mayores, según explicaron Barragán y Ortiz, llegaron a un acuerdo con la empresa para construirla con la mitad del presupuesto, para lo que se aprobó la modificación en pleno, sin que la intervención municipal les advirtiera de cualquier posible ilegalidad. 

El juicio, señalado para tres días, prosigue este miércoles.