Nuevo envite para que se retire la Cruz de los Caídos de Cáceres. La Asociación del Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha reabierto un debate que se encuentra en el foco mediático desde hace años pero que en los últimos meses ha pasado a un segundo plano esta semana. Coincidiendo con el encuentro para conmemorar a los represaliados del Franquismo en Cáceres este sábado, la asociación ha recordado que la cruz está incluida en el catálogo de vestigios franquistas y ha apelado nuevamente a a la administración a retirarla y a cumplir la Ley de Memoria Histórica. 

Fue hace dos años cuando el alcalde Luis Salaya se comprometió a su retirada aunque no se llegaron a concretar plazos. Sí descartó su destrucción y sobre su nueva ubicación se planteó bien el cementerio de Cáceres u otra alternativa como ponerla a la disposición de la iglesia para que determinara una ubicación al tratarse de un símbolo religioso. La estimación sobre el coste de su retirada oscila entre 20.000 y 30.000 euros.

Cierto es que aunque el asunto se ha disuelto desde 2020, en los últimos meses la cruz volvió a tener presencia mediática debido a que el PP y los concejales no adscritos, que han sido contrarios en todo momento tanto a su traslado como a su derribo, presentaron una moción para dedicar la cruz a la memoria de todos los cacereños desaparecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus. La moción fue rechazada en el pleno de junio del pasado año con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos. 

La realidad es que el futuro de este símbolo construido en 1938 e inaugurado por Pilar Primo de Rivera ha generado un desencuentro no solo en el propio ayuntamiento sino que ha promovido posturas enfrentadas entre los propios ciudadanos que defienden que hay que cumplir la ley de memoria histórica y sostienen que forma parte del legado franquista y los que aseguran que la escultura mantiene un arraigo con la ciudad al margen de su pasado y que con el tiempo se ha desprendido de su relación con la Guerra Civil.  

Aunque el debate se haya recrudecido en los últimos dos años, la retirada de la cruz se remonta al 2004 con José María Saponi (PP) como alcalde. Fue durante un pleno de su corporación cuando se acordó que fuera sustituida por un elemento de paz. Fue a partir de la aprobación de la ley de memoria histórica en 2007 cuando un sector de la población desempolvó esta petición y se instó a la administración a constituir una comisión de expertos para realizar un catálogo de vestigios franquistas y destruirlos. Así, durante la primera legislatura de Elena Nevado (PP) se descartó su retirada tras una petición de Izquierda Unida en 2013. Ya en 2018, Nevado anunció que se constituiría el comité de expertos, que entre otros elementos, incluyó la cruz como «símbolo franquista». La alcaldesa se comprometió a acatar el informe pero se llegó a materializar. 

Concluyó la legislatura y ya con Luis Salaya (PSOE) en la alcaldía se volvió a pedir que se retirara. Los socialistas aseguraron que se llevaría a cabo su traslado pero sin ofrecer más detalles. Esta postura generó una reacción contraria, primero entre el PP que se acogió a un acuerdo de 1986 por el que se había descontextualizar de un modo oficial el monumento de su simbolismo original. Los abogados cristianos también se sumaron al movimiento ‘Salvemos la cruz’ y recabaron 8.000 firmas para evitar su derribo.