El Ayuntamiento de Cáceres tiene pendiente de cobro 11,5 millones de euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Es la deuda que de este tributo no se había logrado recaudar al cierre del pasado año y es uno de los datos que se recogen en la liquidación de la cuenta general del ayuntamiento a fecha del pasado 31 de diciembre, un documento que se dictaminó el pasado jueves en la comisión informativa de Economía y Hacienda.

Aunque el IBI, en sus tres variables de rústico, urbano y especial, es el que suma el mayor importe de la deuda, no llega al tercio del total de la deuda pendiente de recaudar, que al cierre del pasado año ascendía a 36,8 millones (23 de ejercicios presupuestarios anteriores al 2021 y los otros 13,5 correspondientes al pasado año). La gran mayoría de esta deuda es de impuestos y tasas que no se han abonado y el concepto de más volumen es el IBI. De los 11,5 millones de euros pendientes de ingresar de este tributo, nueve corresponden a los ejercicios económicos de 2006 a 2020, mientras que 2,5 son del año 2021. Durante el pasado año se logró recuperar casi dos millones. Uno de los principales deudores de IBI en este periodo es la propia Junta por inmuebles que tiene en la ciudad.

Entre esta deuda también destacan la de las multas de tráfico. En el último día del pasado año había sin recaudar casi un millón (964.000 euros) de las mismas, también de los últimos quince años. Del impuesto de Plusvalía también hay un importe elevado de recibos que no se han recaudado, en especial desde el año 2017, cuando se dictaron las sentencias que desvirtuaron este impuesto. La cantidad pendiente de recaudar de la Plusvalía era de 2,6 millones de euros de los cinco últimos años.

El pasado miércoles finalizó el plazo para el pago de los recibos del IBI puestos al cobro este año. Es el más importante de los que cobra el Ayuntamiento de Cáceres. Este año el importe a pagar se ha incrementado en la mayoría de los recibos un 7% por el aumento del tipo impositivo que aprobó el consistorio en 2021, la mayor subida desde la que se aplicó hace una década, en 2012, por imposición del Ministerio de Hacienda, entonces ese incremento fue de un 10%. No obstante, la subida de este año ha superado el 40% para colectivos concretos, sobre todo empresas y hoteles, al afectar este aumento a los bienes no residenciales con un valor catastral de más de 350.000 euros. 

El nuevo tipo impositivo, que será del 0,75% del valor catastral de un inmueble, conlleva un incremento en la recaudación de casi 3 millones de euros. El pasado año se pusieron al cobro 93.443 recibos con una previsión de ingresos de 22,6 millones. El pasado 20 de mayo se pusieron al cobro 93.997 cuotas con una previsión de recaudación de 25,4 millones de euros. Del impuesto de vehículos, el segundo en importancia entre los tributos locales tras al IBI, se pusieron al cobro 62.145 recibos por un importe de 4.628.000 euros, casi la misma cantidad que se incluyó en el documento de aprobación inicial de los presupuestos de 2022. No ocurre lo mismo con el IBI urbano, en el que hay una ligera diferencia entre la cantidad que aparece en la aprobación inicial del presupuesto y la que se preveía recaudar, 25.409.000.